Tepic, Nayarit, martes 19 de marzo de 2024

Kumamoto y el poder económico

Carlos Fránquez

12 de Octubre de 2017

Pues resulta que Pedro Kumamoto, ese joven de Guadalajara que llegó a una diputación local en su entidad, Jalisco, mediante la mascarada de independiente pero que en realidad representa los intereses del gran capital nacional y local y parte de la iglesia vinculado a ellos (grupo reforma, Raúl Padilla cuasi propietario de la U de G y los jesuitas del Iteso) y tiene la función de imponer el poder económico al poder político, ya tiene militantes en nuestro Estado de Nayarit.

Estos militantes que, apenas ayer, eran solo simpatizantes se han dado a la tarea de impulsar la iniciativa “sin voto no hay dinero”, para convertirla en iniciativa de Ley en el Congreso del Estado y luego convertirla en Ley.

En apariencia (pero solo en apariencia) la propuesta resulta positiva pues conmina a los partidos ya no solo a hacer campañas políticas en las cuales viertan sus aspiraciones a la ciudadanía, sino que además les obligan a hacer parte de la función que le corresponde a los órganos electorales nacional y local, e incluso de los medios, de llevar a los ciudadanos a las urnas. En las naciones libres el voto es un derecho ciudadano que puede ser ejercido o no, es parte de las libertades de que goza el individuo. Forzar a que una instancia, en este caso los partidos políticos, obliguen a los ciudadanos a emitir su voto, sea por cohecho u otro tipo de presión, es violentar la libertad del individual.

Pero el problema no está en el daño que la apariencia genera, sino el fondo de la iniciativa que es el sometimiento de la política a la lógica de la economía y con ello del poder industrial, comercial y financiero. Es decir, tendrán dinero los partidos solo si son rentables, si lo invertido genera ganancia, lucro, pues. Los empresarios creen que el recurso público, ya no solo el privado, igual les pertenece y están tratando de poner sus reglas.

Los partidos políticos ya no serán más entidades de interés público sino empresas lucrativas que deberán competir por obtener la preferencia de los consumidores (el elector es visto ya no como ciudadano libre sino como consumidor). La idea se empalma perfectamente con el predominio que hoy día tiene el mal llamado marketing político --que no es sino el marketing comercial—sobre los procesos de elección de gobernantes, en donde los candidatos se ofrecen a los electores como un objeto a consumir, como si se estuviera en un supermercado:  se prefiere la más vistoso, no lo mejor.

Lo anterior no es poca cosa, pues solo el estado, con la fuerza de las instituciones  tiene el poder de controlar los abusos del poder económico, si éste se impone al poder político del estado, no habrá más quien regule, quien controle la avaricia de los grandes capitalistas.

El bajo nivel de ciudadanía hace que las campañas sean cada día más costosas, si se reduce considerablemente el financiamiento público los partidos solo tendrán dos opciones reales para allegarse recursos, el gran capital o el crimen organizado. Cualquiera que financie va a reclamar luego recuperar lo “invertido” en las campañas. Los representantes populares devendrán representantes de ellos con la legitimación del voto popular.

Así, solo el financiamiento público garantiza que los representantes populares representen realmente al pueblo. El asunto, en todo caso, está en exigirle a éstos que cumplan con su función y abandonen la labor entreguista que vienen jugando hoy día.

Se puede incluso argumentar que urge revisar el financiamiento público y privado a los partidos, pero con la primacía del poder político y la política y no el poder económico, como se hace ahora.

Con Mexicanos Primero probaron a controlar la educación, van ahora por el poder político.

No es poca cosa lo que está en juego, ¿verdad?

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