Policías privadas: extravío de los gobiernos

Estaba escondida, tal vez amedrentada por los sismos. Se había disipado de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, una vez superados los temores a la naturaleza reapareció vigorosa, con su dramática carga de sangre, con su habitual salvajismo. Comenzó a desplazar de las planas de los periódicos las desgracias originadas por la naturaleza y reapareció con su apabullante brutalidad. Ya está de nueva cuenta entre nosotros: la violencia criminal. Ese fenómeno social que ha logrado hacer del territorio nacional un gigantesco camposanto clandestino, a ciencia, paciencia e incompetencia de nuestras autoridades.

Nunca antes en la historia de México, el fenómeno de la criminalidad había adquirido las dimensiones de los lustros recientes. En sólo diez años, ha cobrado más vidas que la guerra cristera y ha puesto en evidencia tanto la negligencia de los órganos policiales como la incompetencia de las instancias políticas. La gente se pregunta: ¿las organizaciones criminales se han fortalecido desmesuradamente o el gobierno se ha debilitado?

La evidencia parece indicar que la decadente influencia del gobierno ha favorecido el auge de las bandas criminales. Desde hace tres décadas, ha prevalecido la convicción de que el mejor gobierno es el que tiene menos presencia en la vida pública. En consecuencia, se han venido tomando decisiones conducentes a debilitar la competencia del Estado en la vida social y económica de la Nación. El saldo ha sido el advenimiento de gobiernos cada día más débiles e incapaces, condición que ha favorecido el abandono de sus responsabilidades.  

El fenómeno no es privativo de nuestro país; se encuentra muy extendido. En realidad, el repliegue de los gobiernos ha favorecido el surgimiento de prácticas delictivas en todo el mundo, con el consentimiento y simpatía de los gobiernos de los países más desarrollados del mundo. Por ejemplo, ha florecido la delincuencia de cuello blanco, es decir, los financieros dedicados a proteger a delincuentes a escala internacional. ¿O acaso es fortuita la existencia de los llamados paraísos fiscales? ¿Hong Kong, Liechtenstein, Islas Caimán, Panamá, entre otros, son lugares desconocidos para el mundo de las finanzas? Los bancos instalados en esos países no son instituciones secretas, sino entidades públicas dedicadas a recibir depósitos de personajes inimaginablemente ricos, interesados en preservar en secreto su identidad y origen de sus fondos. Es un sistema de complicidades a escala mundial para garantizar el anonimato de los dueños de esas fortunas de origen incierto, por lo general relacionadas con negocios de la delincuencia internacional.

Al amparo de la libertad personal, de la protección a los derechos humanos, los delincuentes de cuello blanco tienen siempre la posibilidad de preservar sus recursos mal habidos, depositados en remotas cajas de seguridad instaladas en bancos protegidos de toda investigación criminal; en cambio, los policías y militares mal retribuidos ofrendan sus vidas en la lucha contra quienes infringen la ley. Esa cruenta realidad se agudiza cuando se exige mayor energía en el combate a la delincuencia al tiempo que se reclama una mayor laxitud en lo concerniente a la supervisión de las instituciones bancarias.

De un lado, se exige a los gobiernos mayor energía para combatir, por ejemplo, el tráfico de drogas y de personas; y por otro, se cobija, se protege a escala internacional, a quienes obtienen beneficios de estas actividades ilegales. Es una actitud hipócrita, la simulación a escala universal.  

Al igual que en México, ´la delincuencia organizada se ha diseminado a escala universal. Sin embargo, esta situación no es obra de la casualidad: es producto de un conjunto de medidas adoptadas a partir de una filosofía política orientada a privilegiar el individualismo como forma fundamental de la relación humana; todo intento de fortalecer las instituciones públicas es repudiado y, en cambio, son enaltecidas aquellas formas de organización social pertenecientes a la llamada sociedad civil, sin percatarnos  de que, en muchas ocasiones, estas organizaciones suelen ser obra de intereses extra-nacionales.

En estos extremos, hemos arribado a la aberrante práctica de conferir a las policías privadas la tarea inmanente del Estado de brindar a la sociedad la protección de sus vidas y patrimonios. Hoy, hay medio millón de personas armadas bajo el mando de particulares y la inseguridad persiste, se multiplica. Es el extremo del extravío gubernamental. Volveré sobre el tema.

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