Descontento con la democracia

Cuando los ciudadanos acudimos a las urnas, decidimos elegir a las personas que nos representen en la Cámara de Diputados y en el Senado así como a quienes se van a encargar de la responsabilidad de conducir los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.  Al introducir las boletas de votación, confiamos en juramento de los postulados de “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”

¿Pero a cual constitución se alude? La aprobada en Querétaro hace cien años ha sufrido más de 700 reformas. De aquel contrato social sólo resta el recuerdo: ha sido transfigurada de tal manera que fueron abolidos, casi en su totalidad, los derechos sociales vigentes hasta 1982 y el gobierno ha quedado reducido a una distorsionada caricatura, despojado incluso de simbolismos patrióticos. Desde entonces, los gobernantes se han convertido en administradores poco eficientes y nada pulcros, de los declinantes tributos pagados por la sociedad al tiempo que han entregado al sector empresarial tanto la responsabilidad de la seguridad (mediante las policías privadas) como    la evolución de la economía nacional.

Esa es la tragedia de la democracia de nuestros días: elegimos a gobiernos desprovistos de facultades. Apoltronados en esa realidad, los gobernantes electos se dedican a medrar, porque no saben ni pueden gobernar. Así concebido, el Estado ha dejado de ser una entidad responsabilizada de transformar la economía nacional y moderar los extremos de la realidad social; se ha convertido en una lucrativa fuente de enriquecimiento de los principales protagonistas.

Para formar gobiernos hemos creado un sistema de partidos con dos características: están desprovistos de ideología porque solo ambicionan el poder y se han convertido en fuentes –muy onerosas-- de chantaje político permanente. Conducidas por camarillas, las Cámaras se mueven al ritmo de las concesiones recíprocas lo que conduce a la aprobación de leyes basadas en conveniencias sectarias; por ello, las nuevas normas legales a menudo culminan en conflictos inter-partidistas.

Los partidos políticos se sostienen formalmente con aportaciones del gobierno, calculadas con una fórmula que multiplica el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (antes salario mínimo) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, distribuidos entre los partidos en proporción al número de votos obtenidos en las elecciones nacionales. Ese monto se incrementa en 50% en época de elecciones federales. Estos recursos, en teoría, se deben destinar a tareas de proselitismo, apoyados con una red impresionante de spots publicitarios. En la realidad no son tareas de educación política sino propagandísticos, a menudo de una calidad infumable. En la época de elecciones, los partidos gozan del derecho a un minuto por cada hora de transmisión de radio y televisión. Sin contabilizar estas prerrogativas, las aportaciones a los partidos llegan sumar más de 10 mil millones de pesos al año. Es la expresión del elevado costo de los procesos electorales, el abuso propio de la borrachera democrática.

Este régimen de canonjías ha favorecido la multiplicación de partidos y es la razón fundamental para la tenaz oposición a la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, al aumento del porcentaje de votación para alcanzar y preservar el registro de los partidos así como la eliminación del fuero como recurso de impunidad. Es la razón para haber aprobado la reelección consecutiva de congresistas y concejales.

En suma, el sistema electoral está diseñado para constituir gobiernos de minorías, gobiernos débiles. Transformar tal entramado electoral implica reformas constitucionales; por tanto, se precisa el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de la Unión y de la mayoría simple de los congresos locales. Otro obstáculo: está expresamente prohibida la consulta popular en temas electorales.

Lejos de buscar una solución de fondo, se ha planteado la llamada segunda vuelta electoral, es decir, una segunda elección consecutiva donde participen los dos candidatos a la presidencia del país con más alta votación. Es una formula evasiva: es la elección entre minorías.

También ha cobrado fuerza la idea de gobiernos de coalición donde el gobierno se constituya en torno a un plan convenido entre dos o más partidos (con el 51% o más de los legisladores), cuya realización sería confiado a un gabinete integrado por personas propuestas por los partidos coaligados. ¿Imagina amigo lector por ejemplo a un Secretario de Hacienda y otro de la Defensa Nacional que no obedezcan al presidente porque fueron propuestos por los partidos coaligados? Recordemos el fiasco del Pacto por México. (continuará).