En proceso de extinción la autonomía universitaria de la UAN
Octavio Camelo Romero
24 de Febrero de 2017
Desde hace bastante tiempo atrás, la entonces Universidad de Nayarit y hoy, Universidad Autónoma de Nayarit, se ha venido considerando como un “departamento” u oficina de gobierno del Estado. Con ese estatus dado a la UAN por el grupo gobernante en turno, se generó el “falaz derecho” del titular del correspondiente Poder Ejecutivo para “poner y quitar” rectores y funcionarios universitarios. Cuando la Universidad fue una institución de estado, un órgano del gobierno de la entidad, pudiera justificarse esa arbitrariedad gubernamental para alterar la vida académica del alma mater de Nayarit. Pero después que se le otorgó la Autonomía al principal centro educativo nayarita, las ocurrencias y traumas político-ideológicos de los funcionarios públicos federales y estatales “no deberían” reflejarse en arbitrarios actos de gobierno hacia el interior de la máxima institución de educación superior de Nayarit. Sin embargo, el manoseo y manoteo institucional alteró una y otra vez, como en la actualidad se sigue alterando, la vida académica universitaria. Con tales injerencias gubernamentales no únicamente se violentó la normatividad de la UAN, sino que con la arbitraria designación de funcionarios universitarios por parte de las autoridades públicas se incrustaron los vicios sociales de la corrupción, de la arbitrariedad, de la impunidad, de la violencia, etc. Por tal motivo se desnaturaliza la vida académica y se somete a una vida politiquera corrompida. Ese ha sido el triste resultado de las arbitrarias intromisiones del gobierno federal y estatal en los asuntos de la UAN, desde las incursiones pasadas de la SEP, de la ANUIES, de los diversos gobiernos del Estado hasta el de la actualidad. Y hoy, con el sentido de la “reforma” a la Ley Orgánica de la UAN no se pretende “refundar a la universidad”, sino simple y descaradamente legitimar la metida de mano del gobierno para designar funcionarios, iniciando primero con el Contralor y después con el Rector, Directores y demás funcionarios menores. O sea, introducir más vicios de los que se han introducido con los anteriores manoseos y manoteos a la UAN.
Al gobierno, tanto federal como estatal, tan no le interesa la vida académica universitaria que los temas sustantivos de la definición de la estructura organizativa, de las funciones de los órganos universitarios, etc., no se tocan ni de chiste. La Ley Orgánica no es precisa si la Universidad se organiza por “Áreas del conocimiento”, o por “Facultades y Escuelas”, o por “Departamentos”, lo cual ha llevado a conformar una estructura que no es “ni chicha ni limonada”. Estas contradicciones no se tocan en la reciente reforma a la ley porque simplemente no interesan, desde el punto de vista político. En cambio nombrar un funcionario universitario, cualquiera que este sea, desde fuera, desde cualquiera de los Poderes del Estado, si es relevante porque legitima el manoseo y manoteo en los asuntos universitarios. Esta reforma a ese destino se dirige, no a la “refundación de la UAN” ni al saneamiento de la podredumbre en la cual la tienen sometido desde fuera con los cómplices de adentro. Sin embargo, fuerzas políticas internas de la universidad están declarando que están dispuestas a que de la sociedad se elija al contralor pero que sea la máxima autoridad de la UAN la que convoque y designe al titular de la contraloría interna universitaria. Este es un pequeño paso para transparentar el manejo de los recursos financieros y al parecer, está consensado con las otras fuerzas políticas. Sin embargo, hace falta la probidad. En fin.
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