Sin suficiente presupuesto, el Poder Judicial de Nayarit doblará esfuerzos

Ninguna razón es válida para que en Nayarit disminuya calidad en la impartición de justicia.

Es argumento de Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al tomar en cuenta la desaprobación del Legislativo a la solicitud de 525 millones de pesos para ejercer el Poder Judicial como presupuesto en 2017, incluida en el paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo a la XXXI legislatura.

Fueron aprobados 415 millones de pesos, de los cuales 325 millones concede el gobierno estatal, mientras que 90 millones de pesos es etiquetado presupuesto de la Federación, por tanto son 110 millones los faltantes para cumplir la propuesta inicial de presupuesto del Poder Judicial de Nayarit.

“La cantidad es insuficiente para cumplir compromisos del presente año”, Pedro Antonio al reportero de la gente. Confiesa que déficit presupuestal arrastra el Poder Judicial desde hace dos años, a causa del aumento en gastos de diversa índole que provocó el sistema penal acusatorio.

Por su parte Juan Antonio Echeagaray Becerra, presidente del Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura, propugna (como ocurre en otros estados del país) por establecer al Poder Judicial un porcentaje pico del total del presupuesto estatal, que bien pudiera ser el 1.5 %, en consecuencia el aumento sería automático cada año, “pero además se lograría verdadera independencia”.

Echeagaray considera que parte importante en nuestra entidad es  preservar el estado de derecho, por ello se convierte en fundamental poseer suficiente presupuesto para la administración e impartición de justicia.

“Si no hay justicia pronta y expedita, sin recursos, los juicios de cualquier naturaleza tardarán muchísimo tiempo, por consecuencia se ahuyentará la inversión tan necesaria para el desarrollo económico de Nayarit, porque el sector empresarial pide se le garantice calidad en la impartición de justicia”, fundamenta Juan Antonio Echeagaray.

Impedido para contratar nuevo personal, tampoco para incrementar salarios al personal actual, el presidente del Tribunal Superior de Justicia sostiene que habrá que multiplicar los panes de manera tal que rindan para todos.

“Ante escenarios complicados, pondera Enríquez Soto, nuestra atención de calidad debe desdoblarse, adecuada prestación de servicio, hacer las cosas bien desde la primera, para que los pocos recursos disponibles se utilicen con eficiencia y redunden en mayor productividad. No hay de otra”.

Sin embargo, el doctor Pedro Antonio lamenta que por la falta de dinero no se pueda abrir un juzgado de ejecución y sanciones penales que atienda a aquellos sentenciados que cumplen condenas impuestas por los jueces de oralidad.

Advierte por su parte el abogado mercantilista Juan Antonio Echeagaray que el actual presupuesto anual del Poder Judicial tan sólo alcanzara para cubrir necesidades hasta junio próximo.

Luego narra curioso evento: “El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia se hizo harakiri, porque siendo Pedro Antonio Enríquez Soto subsecretario jurídico de la administración estatal anterior, ellos tramitaron la desaparición de la administración del fondo auxiliar del Poder Judicial donde se concentraban fianzas, multas, pensiones alimenticias y demás pagos que servían para capitalizar y a la vez realizar gastos extraordinarios. Con los intereses del capital se obtenían recursos para cubrir necesidades inmediatas, pero al pasar a manos de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal metieron en serios problemas financieros al Poder Judicial”.