La Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

La XXXI legislatura local, aprobó la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y según informó, “dicha norma -publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre del 2015- pone especial énfasis en garantizar la convivencia social en un clima seguro para contribuir al alcance del bienestar social, implementando políticas públicas que prevengan en el máximo de lo posible la comisión de conductas antijurídicas que atenten contra la comunidad y que menoscaben los derechos elementales que asisten a las y los nayaritas.”

Lo anterior posee un claro sustento en la Constitución local, en particular en el artículo 7º, fracciones I, II, XI y XIII, numerales 1 y 3, de tal suerte que el trabajo de los legisladores se concentró en “reforzar” las garantías ahí expuestas desde siempre, a partir de una propuesta que va acorde a la visión e interpretación actual de las necesidades de los nayaritas.

La prevención, como eje central en este tema, sin duda reviste de una importancia sobresaliente, puesto que gran parte de los problemas presentes, como la miseria, desempleo, insuficiencias en los servicios de salud, decrecimiento de la productividad en el campo, vivienda y educación, y justicia para todos, hubieran tenido en la prevención, un cerco significativo y hoy, la vía de erradicarlos, como resultado de un plan de acción sustentado en sendas líneas de comunicación y oficio políticos.

Por ello, la prevención ahora constituye un elemento sobresaliente sobre el cual fincar una base sólida para la regeneración del tejido social, puesto que está comprobado “que los males previstos resultan menores”, de conformidad con el reputado filósofo Séneca; y sise busca impulsar el progreso de la colectividad, en cumplimiento cabal del numeral 3, de la fracción XIII del artículo arriba citado, que dice: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación. En condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo que las leyes que se promulguen para tal efecto, deben de atender al interés superior del menor”, qué mejor que en un marco de conjunción de esfuerzos, donde autoridades y sociedad, fomenten congruentemente en todo aspecto, tanto en espacios de recreación, campañas políticas y demás actividad político-gubernamental los valores, desde el seno de la familia, y desde la autoridad. Ya lo decía Confucio: “Arréglese al Estado, como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo”.

Solo así, entonces, se podrá hablar con entendimiento pleno, de prevenir en un ambiente de “convivencia social, de un clima seguro para contribuir al alcance del bienestar social, implementando políticas públicas que prevengan en el máximo de lo posible la comisión de conductas antijurídicas que atenten contra la comunidad y que menoscaben los derechos elementales”. Porque es un hecho, que si se pone énfasis en la importancia de la prevención, derivado de un clima de convivencia respetuosa y solidaria en sociedad, con valores pues, estos se tienen que cultivar y practicar de continuo, y no hacer lo contrario, con un comportamiento que raya en la incomunicación, la ausencia de oficio político, la simulación, el egoísmo y tacañería, la imposición, la beligerancia y la intromisión en sectores y organizaciones, la falta de honestidad y rendición de cuentas y lucro de las necesidades imperantes, tal como se criticó y en consecuencia se reconoció por parte de partidos y fuerzas políticas, como el origen de muchos males tras el resultado de las elecciones del pasado mes de junio, en diversas entidades del país.

Es tiempo de trabajar contundentemente por mejores condiciones de vida para todos, de reconocer aciertos y desaciertos, en consonancia pues con el propósito expuesto de “afianzar aspectos sustanciales como la implementación de nuevas estrategias de planeación, programación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención del delito”, y solo con hechos, comprobados por la sociedad misma, dará la pauta para la respuesta:“el apoyo y participación de la sociedad”; y  asimismo avanzar consecuentemente ceñidos irrestrictamente al marco legal, la congruencia y la verdad, ya que de hacerse, la sociedad sabe reconocerlo con creces, pero de no hacerse, también ya sabe demandarlo y sancionarlo con creces. De ahí que un nuevo reto ha sido puesto sobre la mesa por parte de la Diputación local. ¿Se superará? Enhorabuena.