La reforma educativa quiere acabar con la educación pública

No se requiere ser “sabio” para descubrir que la Reforma Educativa se propone “liberar” al Estado Neoliberal Mexicano del enorme gasto de la “Educación Pública”, el cual representa más de la tercera parte del presupuesto administrativo. De conformidad con la Ley General de Educación, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado Neoliberal Mexicano, Federación, entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos “no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país”, sin embargo se observa a  través del tiempo que el gasto público en educación ha estado lejos de llegar al mandato legal de 8 por ciento como proporción del PIB, pues ha fluctuado entre el 4.0 y el 5.4 por ciento. Pero también se ha observado que el gasto en educación básica ha significado alrededor de la mitad del gasto total en educación. El financiamiento público de la educación básica se divide en tres tipos: federal, estatal y municipal. La mayor aportación es del gobierno federal, muy por debajo de éste se encuentra la contribución estatal y, muy marginalmente, el gasto municipal, casi inexistente; pocos ayuntamientos tienen la capacidad de invertir dinero en educación. El gasto público en educación básica tiene una tendencia irregular y decreciente.

Durante la conmemoración de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el presidente Enrique Peña Neto se refirió a la reforma educativa afirmando que esta se proponía impulsar la preparación del magisterio con el propósito de ofrecer una educación de calidad a los escolares. Sin embargo ese mismo día la SEP anunciaba por boca de su titular que serían cesados más de mil profesores de Chiapas por incumplir con su labor docente, esto es, por ausentarse de sus escuelas y por participar en la movilización y el paro laboral convocado por la CNTE. Igualmente dijo que esos maestros cesados se sumaban a los 4 mil 200 de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que también serían cesados por los mismos motivos. En días previos el mismo encargado de la SEP llegó a la conclusión que podrían ser cesados otros 25 mil maestros “rebeldes” que no se quisieran someter a la evaluación obligatoria sobre su desempeño. El titular de la SEP Aurelio Nuño también informó que “su secretaría” no tendría problema para resolver el vacío docente causado por los profesores cesados, dado que disponía de un ejército magisterial de reserva con el que se sustituiría a los profesores despojados.

Esta solución sobre las rodillas para enfrentar un problema creado por la ineptitud del titular de la SEP pero además que es de un carácter mucho más complejo y profundo, no tiene en cuenta que la formación y capacitación docente no es como las enchiladas. Más aún, ni los ingenieros universitarios están capacitados pedagógicamente para el desempeño de la labor docente en el nivel bachillerato mucho menos en el nivel básico. El titular de la SEP ignora que la profesión de maestro no es intercambiable con otras y que los profesores no son objetos sustituibles; los maestros y maestras de la escuela pública son profesionales de la educación y no pueden ser suplantados por otros que carecen de la formación pedagógica.

Lo único que Aurelio Nuño garantiza con sus medidas es el fracaso de la educación pública y el paso a la educación privada, y con esto, la liberalización del gasto público en educación. En fin.