Gobernar, ¿tarea reservada a tecnócratas vestidos a la moda?

En los primeros días del  presente mes de mayo, convocado por el Seminario Universitario de Transparencia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), --todas ellas dependencias de la UNAM-- se llevó a cabo un ciclo de Mesas Redondas denominado “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Reforma Energética Mexicana” con la participación de académicos, científicos, directivos de empresas especializadas y funcionarios públicos. Fue un escenario privilegiado para conocer informaciones y opiniones calificadas en torno al asunto energético, cuestión fundamental en el futuro del país. Este no es el espacio apropiado para una relatoría de los temas examinados en este Seminario; solamente aludiré algunas conclusiones relevantes.

En primer lugar, los participantes subrayaron que  la transparencia es condición necesaria más no suficiente para garantizar el manejo honesto de los recursos públicos. A veces los sujetos obligados por las leyes a informar y rendir cuentas sobre los asuntos confiados a su responsabilidad encuentran muy variadas formas para evadir sus obligaciones. Se dieron numerosos ejemplos, entre ellos,  la persistente opacidad en el contenido de los contratos celebrados entre la CFE y los generadores independientes. Se cuestionaron otras prácticas: ¿Es legal y moralmente aceptable utilizar recursos públicos en operaciones especulativas, cuyos contratos han sido celosamente ocultados?  ¿Cómo exigir rendición de cuentas cuando en los contratos se pactan cláusulas de confidencialidad?

En segundo lugar, a PEMEX  y a CFE se les confirió la calidad de empresas productivas del Estado –dedicadas al lucro— constituidas conforme a un régimen excepción en la medida que fueron exoneradas expresamente del cumplimiento de numerosas leyes federales (licitaciones, otorgamiento de contratos, venta de activos, etc.). La administración de estas empresas está regida  por un régimen legal de excepción, sujeta a los Códigos de Ética emitidos por los Consejos de Administración respectivos. La forma más eficaz que encontraron los legisladores para combatir las prácticas irregulares consistió en eliminar las disposiciones penales, sabedores de que las normas administrativas no pueden suplir el imperio de las leyes.

En tercer lugar, los participantes subrayaron la ausencia de voluntad política para combatir la asfixiante inmoralidad imperante en la administración pública.  La honradez en el manejo de los asuntos públicos debe ser una norma de conducta política; como la basura en las escaleras, la corrupción se barre de arriba hacia abajo. Cualquier otra manera será una simple mascarada que nos empujará a convertirnos en un país de cínicos. ¡No estamos lejos!

En cuarto lugar, los asistentes al evento llamaron la atención sobre una tendencia preocupante. La privatización de la explotación de hidrocarburos y de la prestación del servicio público de electricidad va a dar lugar a un sinnúmero de conflictos con los residentes sobre todo en las comunidades y pueblos rurales. La construcción de presas, la instalación de líneas de transmisión, la construcción de poliductos, etc. va enfrentar las frecuentes resistencias de quienes se sienten afectados en sus patrimonios por esas obras. Las disposiciones dictadas para encontrar formulas de avenimiento entre las empresas y los afectados conducen a un laberinto procedimental de duración indefinida. En el pasado, la solución de estas controversias quedaba a cargo de la entidad paraestatal involucrada la cual había desarrollado una gran variedad de formulas de solución; en adelante, estas cuestiones van a quedar en manos de burócratas desprovistos de la experiencia, de capacidad política en materia de mediación de conflictos y de medios materiales y financieros para resolverlos.

Finalmente, en los debates apareció un tema singularmente delicado: la terrible inseguridad reinante en el país. Se ilustró su impacto perjudicial con un ejemplo: se había proyectado un gasoducto Houston-Tuxpan a lo largo de las costas tamaulipeca y veracruzana. Ante el temor a los continuos embates de la delincuencia, se ha planteado hacer el gaseoducto en las aguas someras del Golfo, pero su costo se triplicará.

Las empresas estatales quedan empequeñecidas y su contribución a la gobernabilidad está siendo extinguida; en adelante, ¿gobernar será tarea reservada  a tecnócratas vestidos a la moda?

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