El Congreso y el fortalecimiento del ITAI

La transparencia y acceso a la información gubernamentales, han dejado de ser hoy en definitiva, elementos de experimentación mediática o de mera exhibición mercadotécnica para convertirse en sólido baluarte debidamente reglamentado de la demanda social en pro de mayor apertura en el ejercicio del poder; y en realidad, de toda práctica que conlleve el delicado manejo del patrimonio colectivo, trátese de quien sea.

La representación de los intereses ciudadanos constituye ahora una responsabilidad ampliamente vigilada y seguida de cerca ante la urgencia de respuestas y soluciones tangibles a la problemática presente, que por lo visto ya no se concibe ni se acepta un sistema que hace usufructo unilateral de los haberes del pueblo. La confianza popular pues, no comporta en lo absoluto un "cheque en blanco", aunque lamentablemente todavía existan resistencias de quienes en su desfase y escaso entendimiento político sólo conciben el clásico adagio:"justicia y gracia para los amigos, y justicia [a secas] para los enemigos", además de concentrarse en su desesperada improvisación en "ver la paja en el ojo ajeno".

Así, la XXXI Legislatura del Congreso local, que preside el Diputado Jorge Humberto Segura López, cuenta con la seria labor de facilitar el impulso del renovado papel del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) en la Entidad en los mejores términos, tras la reciente introducción de la correspondiente nueva ley en el país.

Por ello, la misión de la diputación entraña -en esta y otras coyunturas que devendrán-, según se ha expuesto en diversas ocasiones, algo más que cumplir la encomienda a tiempo en términos preeminentemente técnicos, o en menor plazo que algunos de sus homólogos de otras entidades. La interpretación de los objetivos centrales: de un firme control que recobre autoridad y credibilidad, exige de un gran esfuerzo y una gran sincronización que permita a cada ente involucrado captar con total claridad lo que está en juego desde el plano nacional; es decir, la armonía en el cumplimiento de la ley en y desde la autoridad misma.

La indispensable, por vital, retroalimentación de la función de poderes y órdenes de gobierno, en razón pues de la transparencia, acceso a la información y consecuente rendición de cuentas tiene en una ascendente influencia ciudadana su esencia y mayor fortaleza. Ya lo decía el destacado pensador George Clemenceau: "lo más seguro consiste en dar a cada quien, algo qué defender". En efecto, sólo se entiende y se defiende aquello que realmente demuestra por su efectividad desde el corto plazo, cubrir un elemental sentido de congruencia: aplicando la ley desde casa, para saber la manera precisa y con autoridad moral, de hacerla valer en lo general.

Así, sería sano pues que una vez concreta esta etapa de estructuración primaria de la institución bajo el nuevo entramado legal, la legislatura pueda -desde su propia esfera de competencias- garantizar al pueblo la decisión tomada, es decir, de adoptar ya un modelo en el que se dé seguimiento a lo que apruebe y asumir con responsabilidad la parte correspondiente ante el resultado que se obtenga, bueno o malo. Sólo una política de interacción contínua con la gente, de honestidad y de apertura estratégica, podrá cumplir cabalmente con el objetivo de recobrar credibilidad y de coadyuvar al fortalecimiento de una cultura de la legalidad y rendición de cuentas de todo el que tenga qué hacerlo.

En consecuencia, qué bueno pues que la transparencia y acceso a la información lleguen a ser herramientas asequibles a todos los ciudadanos, cuyo efecto no sea otro que el de implantar una mecanismo pues de libre flujo de datos y cuánto más ataña en el marco de lo público sin necesidad de coacción o de verticalidad legal contra la evasión, como tampoco de una operatividad punitiva, de opacidad a conveniencia y sectaria con claros fines hegemónicos. ¿Será posible tal cometido? La ciudadanía así lo reconocerá o, en su defecto, lo demandará.

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