Crisis de credibilidad

Ante la falta de credibilidad a nuestras instituciones expresadas en las multitudinarias marchas, plantones y mítines ocurridas en algunas regiones del país a consecuencia de los todavía hoy desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; el escándalo por un supuesto tráfico de influencias en la que se vio involucrada la esposa del presidente Peña Nieto por la adquisición de una mansión residencial valorada en 7 millones de dólares y por la inesperada cancelación de la millonaria inversión China para la construcción del tren rápido México-Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto el lunes pasado salió a dar la cara a la opinión pública nacional e internacional y en una insólita acción  de gobierno hizo público su patrimonio personal detallando los bienes e inmuebles de su propiedad los cuales suman 46 millones de pesos.

Por otro lado anunció que a corto plazo se harán reformas para reforzar el sistema de derecho fundamentalmente en la procuración y aplicación de la justicia, la preservación de los Derechos Humanos, el combate a la corrupción y a la transparencia y rendición de cuentas de todos los servidores públicos.

Es trascendente que el Jefe del Poder Ejecutivo Federal haya tomado la decisión de hacer público su patrimonio familiar porque hasta el día de hoy los servidores públicos y aquellos funcionarios que ocupan puestos de confianza de primer nivel la ley solo los obliga a presentar su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública o en las entidades de la república a las Contralorías Estatales sin la obligación de hacerse público.

En realidad todo esto es una farsa pues los ciudadanos no tenemos acceso a esa información denominada confidencial. Entonces cada servidor público o funcionario de alto nivel envía la información que mejor le conviene; por lo tanto  desconocemos a ciencia cierta la cuantía de su patrimonio familiar. Se maneja en lo total opacidad y por esta misma razón nos sorprendemos que de la noche a la mañana nuestros políticos, una vez dejado el poder dispongan de cuantiosas fortunas.

Si el Presidente de la República puso el ejemplo, por moral pública todos los integrantes del gabinete presidencial, diputados y senadores del Congreso de la Unión, magistrados del poder judicial, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y directores de empresas descentralizadas deberían seguir el ejemplo del Lic. Peña Nieto, incluso ir más allá, esto es, que hicieran público su declaración de impuestos y de esta manera podríamos cruzar información para verificar la autenticidad de su declaración patrimonial. De hacerlo terminarían con la simulación y sí abonaría a la transparencia y rendición de cuentas.

Nuestra clase política podría argumentar que hacerlo de esa manera serían blanco fácil del hampa organizada y pondrían en riesgo la seguridad de su familia.

Tal vez tengan razón los servidores públicos honestos, pero ellos carecen de fortuna personal; no así  de aquellos políticos corruptos que disponen de vehículos blindados y de un enorme cuerpo de seguridad personal y familiar cuyo fin es no ser víctimas del secuestro.

Respecto a la otra iniciativa presidencial de reforzar el estado de derecho para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno todos los partidos políticos y las élites empresariales deberían ser los primeros en ponerse a la cabeza.

Los primeros están comprometidos porque ha sido por medio de sus organizaciones por donde se ha filtrado a los puestos de elección popular los sicarios de la droga y de las bandas delincuenciales, sobre todo en los ayuntamientos. La descomposición social y política en los estados de Michoacán y Guerrero así lo confirma.

Los partidos políticos en su frenético objetivo de ganar posiciones de poder han hecho del sufragio una mercancía de cambio.

En cuanto a las élites empresariales su papel no es nada menor si se pretende acabar con la obtención de millonarios contratos de obra pública mediante el tráfico de influencias y la entrega de dadivas a políticos corruptos.

Jamás podremos edificar instituciones democráticas y modernas mientras sus cimientos están erosionados por el clientelismo electoral, las complicidades en el reparto discrecional de la riqueza nacional y la descomposición del tejido social a consecuencia de la creciente desigualdad en nuestro país.

La mejor manera de consolidar nuestro sistema democrático es, sin duda que los partidos políticos y el Congreso de la Unión sean un fuerte contrapeso en el ejercicio del poder público.

Los trágicos acontecimientos de Iguala y sus consecuencias políticas que hoy vemos en las calles son una alerta a nuestra clase política. Si hacen oídos sordos a estas advertencias podría despertarse al México bronco.