Fiscalización ¿para qué?

Ha cumplido con mandato de ley Roy Rubio Salazar, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), al hacer entrega a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado el informe de resultados de fiscalización a la cuenta pública 2013.

Se trata ni más ni menos de la revisión de un porcentaje mínimo al manejo que del dinero público hicieron los funcionarios del gobierno de Roberto Sandoval durante todo el año anterior, entre otros muchos entes fiscalizables. Descubrir quien hizo mal uso de los centavos es el propósito. Hasta se intenta saber quien robó en los ayuntamientos.

El auditor en jefe del OFS hizo entrega del paquete de las auditorías que se calcula se concentra en cinco mil hojas, razón que inhibe a los diputados proclives a la flojera por la lectura, pero además poco duchos en las cuestiones técnicas que el informe debe traer en vastedad. Lo mejor es que Roy Rubio debiera ser llamado por el Congreso del Estado para que al seno de la asamblea explique con detalle a los diputados.

El actual auditor general del OFS sustituyó en el cargo a Salvador Iñiguez Castillo, de este último se presume fue despedido con pitos destemplados por decisión del gobernar Roberto Sandoval, molesto con los resultados del informe de fiscalización al 30 por ciento de la cuenta pública 2012, plagada de corrupción e irregularidades. Las mayores corruptelas tienen su origen en la obra pública.

La credibilidad auditora del OFS está en entredicho, virtud a que Roy Rubio Salazar renunció, claro está por órdenes del gobernador Sandoval, como titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, para hacerse responsable del OFS, entonces ahora ha revisado las cuentas a quien anteriormente era su patrón, pero peor resulta la paradoja, Roy deberá auto auditarse, pues parte del 2013 fue funcionario del gobierno de la gente. En duda está la imparcialidad.

Aquí se hace presente el gatopardismo: todo cambia para seguir igual. Es decir, los resultados de la fiscalización a la cuenta pública 2013 servirán para casi nada. Los funcionarios a quienes se les hacen observaciones gozarán de cabal salud. Ni regresarán dinero del que hicieron mal uso, a lo que el OFS nombra resarcir, no corregirán tampoco desvíos. Nadie será sancionado, mucho menos irán a la cárcel ex alcaldes rateros ¿Cuándo en la historia de Nayarit hemos visto para los servidores públicos castigos semejantes? Nunca. Reina la impunidad.