Política preventiva, no reactiva

En las crisis originadas por una manifiesta inconformidad que deriva en la violencia de los derechos humanos, acciones vandálicas como el bloqueo de calles, la quema de edificios públicos y las bandas del crimen organizado actuando en la impunidad o coludidos con los cuerpos policiacos como lo que hoy ocurre en el Estado de Guerrero, son el caldo de cultivo para que emerjan  de las entrañas del Estado los gobiernos fascistas o militaristas que finalmente terminan en acciones represivas en contra de las libertades ciudadanas.

Las muestras de solidaridad de todos los  sectores de la población es la de exigir justicia por los acontecimientos sangrientos en Iguala, Guerrero, en donde asesinaron, secuestraron y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se han manifestado en todas las grandes ciudades del país y en el extranjero, indica el despertar de una nueva conciencia ciudadana preocupada por lo que ocurre en su entorno social.

Como hemos visto, la mayoría de ellas han sido pacíficas y ordenadas, lo que es alentador pues de la indiferencia ciudadana ésta se atreve a salir a la calle a exigir demandas legítimas como son la aplicación de la justicia, el respeto a la libre manifestación de las ideas, el respeto a los derechos humanos y a una mayor participación ciudadana en las acciones de gobierno.

Sin embargo, de ninguna manera estamos de acuerdo en las acciones vandálicas y callejeras de los grupos radicales como los que ejecutan a diario los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y grupos de anarquistas, quienes bajo el pretexto de clamar justicia por los trágicos acontecimientos de Iguala, Guerrero, algunos de ellos sin mostrar el rostro destrozan edificios públicos como el de Palacio de Gobierno, palacios municipales, queman oficinas de los partidos políticos, bloquean calles, aeropuertos, centros comerciales y obstruyen vías importantes de comunicación, o sea, dañan el patrimonio nacional y afectan la economía local.

Estas prácticas nocivas de esos grupos radicales en vez de concitar el apoyo popular se ganan a pulso su repudio; quien diga que son acciones revolucionarias dizque para acelerar las contradicciones sociales y dar paso  al surgimiento de un nuevo régimen, se auto engañan. Con estas provocaciones vandálicas lo que ocasionan que los sectores derechistas económicamente poderosos alienten y hasta presionen al Gobierno Federal a tomar acciones autoritarias para restablecer el orden público.

Lo que sí es un deber del Gobierno Federal y del Gobierno de Guerrero es proteger el patrimonio público y el daño a terceros. No debe mostrarse complaciente hacia aquellos grupos vandálicos que atentan en contra de la seguridad pública. No puede haber un vacío de autoridad; de otra manera imperará la ley de la selva.

Está visto que los maestros de la CNTE traen su propia agenda y ante la imposibilidad de echar atrás la reforma educativa, toman la bandera de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para hacer presión sobre el Gobierno de la República con el fin de pactar acuerdos en su beneficio.

No hay duda que el Gobierno de Enrique Peña Nieto deberá esclarecer de cara a la sociedad los hechos trágicos de Iguala mediante una investigación científica y no sesgado de acuerdo a los tiempos electorales. Así lo demandan los 43 padres de familia y amplios sectores de la sociedad mexicana y organismos  internacionales de los Derechos Humanos.

El otro gran reto del Gobierno de Peña Nieto es un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Hasta hoy su política ha sido reactiva, no preventiva; es decir hacerla de apagafuegos con las consecuencias que hoy se protagonizan en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México.