Se partidizan los comités de Acción Ciudadana

El pasado domingo hubo elecciones para elegir a los presidentes de los comités de Acción Ciudadana en todas las colonias del municipio de Xalisco, Nayarit y posiblemente en otros municipios de la entidad o en otra fecha que programe cada ayuntamiento.

Tiene especial interés esta elección por dos razones: una porque son el vínculo más directo entre los ciudadanos y la autoridad municipal. De acuerdo a como se opere en estos comités es como se reflejará en la solución de las demandas populares. La segunda tiene que ver con sus vínculos con los partidos políticos.

Es una práctica viciada que las instituciones partidistas metan las manos en los procesos electivos de esos comités ya que llegarán a formar parte de su estructura partidista de cara a las elecciones constitucionales que se avecinan.

Lo ideal es que los susodichos comités reflejaran la pluralidad que existe en las colonias. Esta independencia haría posible que la autoridad municipal no incurra en acciones discriminatorias o de favoritismo de acuerdo a los colores partidistas.

Los comités, como tales deben recuperar su naturaleza ciudadana y no ser instrumentos clientelares de los partidos políticos.

Una ciudadanía activa, organizada y movilizada será el mejor antídoto en contra del desdén de los alcaldes al atender sus problemas cotidianos; sería el mejor agente fiscalizador para que los recursos públicos sean aplicados, transparentados y evaluados en los términos que  marca la ley; y en su caso exigirle rendición de cuentas.

Sin embargo cuando se partidiza la elección de los comités de Acción Ciudadana divide la colonia y, en consecuencia debilita su labor de gestoría ante la autoridad municipal y estatal…

MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Lo peor que le puede ocurrir a nuestras instituciones de procuración y aplicación de la justicia es la pérdida de su credibilidad.

Después de la narrativa divulgada por el Lic. Jesús Murillo Karam durante una conferencia de prensa el viernes pasado de la tragedia ocurrida en el municipio de Iguala, Guerrero en donde fueron asesinados tres estudiantes y tres civiles y luego secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la reacción de los 43 padres de los desaparecidos y la misma sociedad civil no creyeron las palabras del Procurador General de la República.

La reacción de los progenitores de los estudiantes desaparecidos es comprensible, es decir, nadie acepta a priori que su hijo está muerto. Para aceptarlo tiene que verlo por sus propios ojos que ya está muerto; por esa misma razón no aceptan que ni cenizas quedaron de ellos. Mantienen la esperanza de que están vivos; situación que pone entre la espada y la pared al Gobierno de la República porque todos los indicios apuntan a que fueron asesinados.

Solo podrá demostrar que sus investigaciones son ciertas cuando en un laboratorio austriaco altamente especializado verifique por la prueba del ADN que el objeto analizado corresponde a algunos de los estudiantes desaparecidos, o sea, que el Gobierno Federal demuestre científicamente tan infaustos acontecimientos.

En esa larga espera la sociedad civil se moviliza y arremete en contra del Estado Mexicano y de los partidos políticos responsabilizándolos de esos abominables hechos y de otros que vulneran los Derechos Humanos.

Existe el riesgo que se desborde esa irritación popular y se violente los derechos de terceros y de las mismas instituciones. De ninguna manera estamos de acuerdo que con violencia se pretenda combatir la violencia como así ha ocurrido cuando ciertos grupos radicales quemaron oficinas del Palacio de Gobierno en Chilpancingo o bloquearon el aeropuerto internacional de Acapulco y ese mismo domingo en la Ciudad de México quemaron la puerta principal de Palacio Nacional.

Si el Gobierno de la República y  los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión no agarran el toro por los cuernos y en vez de sacar ocurrencias como el Pacto en contra de la violencia criminal mejor implementen una profunda reforma de Estado en la cual la procuración y aplicación de la justicia sea el eje sustancial, así como hacer más confiable la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En paralelo obligar a que los partidos políticos sean más rigurosos en las elecciones de sus candidatos a los diversos puestos de elección popular de manera que no sean electos personajes dizque honestos y populares pero que tras de sí existe una larga cauda de corruptelas y de complicidades con las bandas delincuenciales, como así ocurre en otras entidades de la república. Más vale prevenir que lamentar.