Responsabilidad de los partidos políticos

El día de hoy la mayoría de las universidades en el país realizarán diferentes manifestaciones públicas en solidaridad con los estudiantes normalistas y padres de familia de Ayotzinapa, Guerrero en demanda que las autoridades estatales y federales localicen el paradero de 43 estudiantes secuestrados por la policía municipal de Iguala y Cocula, hechos  ocurridos el 26y 27 de septiembre de este año.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit no podían quedarse atrás de esos trágicos acontecimientos. Los universitarios nayaritas convocaron a un plantón de estudiantes de 24 horas frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación localizadas al oriente de esta capital.

Si bien Nayarit es uno de los lugares más seguros en el país eso no quiere decir que permanezcamos ajenos a lo que ocurre en otras entidades en donde la violencia del crimen organizado tiene en jaque a las autoridades civiles y militares.

Los hechos trágicos ocurridos en Iguala, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco ponen en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones, sobre todo en los municipios más pobres en donde sus autoridades o son presionados para que dejen operar con impunidad a las bandas criminales u operan en complicidad con ellas para hacerse de dinero mal habido.

Y lo que es peor, que sean los mismos partidos políticos los que los abanderan como sus candidatos a presidentes municipales como es el caso de Iguala en donde el PRD avaló la candidatura de José Luis Abarca quien por cierto fue aprehendido finalmente en una colonia popular de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Esta misma situación la viven otras entidades del norte de la república gobernadas por el PRI y el PAN.

La irritación popular he llegado a tal grado que obligó a los tres partidos políticos más importantes en el país, PRI, PRD y PAN al lado de los empresarios a firmar un pacto nacional en contra de la violencia del crimen organizado.

Esta ocurrencia sacada de la manga carece de sentido, pues es como llamar a misa. No creo que los criminales se intimiden con este tipo de pactos.

La inutilidad de este tipo de pactos que no sirven para nada la comprobamos en anteriores sexenios en donde incluso participaron organizaciones no gubernamentales.

Lo que se necesita de las autoridades federales, estatales y municipales es que cumplan y hagan cumplir a lo que los obliga la ley, esto es, combatir a fondo la corrupción, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, la desigualdad social y la pobreza extrema de millones de mexicanos que son caldo de cultivo de la delincuencia organizada. Queremos hechos, no lamentaciones. Exigimos justicia contra estos criminales que se han infiltrado en nuestras instituciones.

Como lo señalé en otra columna en esta tarea no solo es responsabilidad del Gobierno de la República o de los gobernadores y presidentes municipales, lo es también de los partidos políticos ya que son ellos los que deciden quiénes serán sus candidatos a un puesto de elección popular.

En tanto continúan actuando con un frio pragmatismo clientelar con el fin de ganar elecciones no les importar la biografía personal de quienes postulan ya que es la rendija por donde hoy se filtran los criminales como el alcalde de Iguala.

De continuar amamantando estos Frankenstein, estos erosionarán a nuestro incipiente sistema democrático y miles de Igualas se reproducirán como hongos  en toda la nación.

En suma, el pacto en contra de la criminalidad hará lo que el viento a Juárez: nada.