¿Hechos y no palabras con ejidatarios?
Francisco Cruz Angulo
07 de octubre de 2014
Todo indica que el Gobernador Roberto Sandoval cambió su estrategia de comunicación con la gente y en lo que tiene que ver con la política de transparencia y rendición de cuentas.
El jueves pasado durante 30 horas consecutivas de los días jueves y viernes de la semana pasada el mandatario nayarita sostuvo breves diálogos con cada uno de los 403 presidentes de los comisariados ejidales que están distribuidos en los 20 municipios de la entidad.
Según información oficial por medio de estos encuentros el titular del Poder Ejecutivo busca conocer de viva voz los problemas prioritarios o añejos conflictos que no han sido atendidos por los tres niveles de gobierno en cada una de sus comunidades.
Esta política casi es la misma que utilizó el ex gobernador Emilio M. González, solo con algunas variantes; a saber: Don Emilio hizo extensivo este diálogo público a todos los sectores de la sociedad durante todos los lunes sin límite de tiempo. Especial atención le mereció la gente pobre y los grupos sociales provenientes de todo el Estado. Nadie fue discriminado. Ni siquiera los que militaban en los partidos de oposición. Gracias a esta política de diálogo, tolerancia y solución a pequeñas o grandes demandas se ganó el respeto de todos los nayaritas. Incluso a sus adversarios que lo denostaban a diario tildándolo como demagogo y populista jamás los reprimió; al contrario, los llamaba al diálogo y a la reconciliación.
Roberto Sandoval inició con buen tino su segundo trienio de su gobierno. Empero su convocatoria debe ir más allá de los comisariados ejidales porque estos no siempre representan los intereses de sus comunidades.
Si hacemos un análisis retrospectivo de las autoridades ejidales en un gran número de ellos prevalece los intereses personales, de grupo o partidistas. Grandes proyectos de desarrollo económico y social fracasaron debido a sus disputas internas. Un caso emblemático, entre otros es el de un grupo de ejidatarios del ejido de Pantanal que hasta la fecha no se les ha indemnizado sus tierras que les fueron expropiadas hace 30 años en donde se construyó el actual aeropuerto de Pantanal.
Recuerdo que el ex gobernador Antonio Echevarría pretendió hacer lo mismo que Don Emilio M. González y fue un total fracaso sus audiencias públicas semanales debido a que careció de sensibilidad social a grado tal que tuvo que suspender esas audiencias públicas, según él porque siempre iban a pedirle dinero.
El hecho que Roberto Sandoval retomó esta política de audiencias públicas en Casa de Gobierno ya sean semanales, mensuales o trimestrales reforzará su contacto con la gente que realiza regularmente en los municipios a condición que no vaya a ser una llamarada de petate.
Respeto a transparentar los recursos públicos en los ayuntamientos es un gran paso el hecho que por conducto de su Secretario General, J. Trinidad Espinoza Vargas por primera vez en tres años de este gobierno se hace público las asignaciones presupuestales de la federación y la del estado que se entregan mensualmente a los 20 ayuntamientos.
Esta política de transparencia obligará a que los alcaldes como responsables de los gobiernos municipales rindan cuentas a la ciudadanía sobre el destino y uso de esos recursos públicos.
A consecuencia de esa opacidad los ayuntamientos se han endeudado indiscriminadamente lo que ha provocado la pésima calidad de los servicios públicos.
Esta decisión que tomó el Gobierno Estatal para que los recursos públicos entregados a los ayuntamientos y que estos estén bajo el escrutinio popular obligará a que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos sea más riguroso en exigir que los tres niveles de gobierno abran y actualicen sus páginas en internet para que los ciudadanos conozcamos a detalle en que se invierten los recursos públicos y que de no cumplir con este mandato constitucional sean sancionados.
Saludamos con beneplácito que esta nueva política de transparencia y rendición de cuentas sirva para combatir la corrupción y los abusos de poder en beneficio de políticos sin vocación de servicio social.
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