El nuevo Pemex-Proa

En el último debate en la comisión de energía de la cámara de diputados de San Lázaro para la instrumentación de la ley del nuevo régimen fiscal de Pemex, los legisladores del PRI se sacaron de la manga a última hora que los pasivos de esa paraestatal los rescatara el estado como deuda pública. A su vez añadieron la deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta deuda corresponde a materia laboral, la cual asciende a un billón 350 mil millones de pesos que corresponden a Pemex y a cerca de 500,000 millones de pesos a la CFE.

Argumentaron los priistas que si no se les quita esos pasivos a ambas paraestatales no estarán en condiciones de competir en el mercado de la industria energética frente a otras compañías del ramo.

Conociendo los mexicanos como nos ha ido con el rescate bancario, carretero y en telecomunicaciones, los cuales todavía estamos pagando, ante tal propuesta no se hizo esperar la indignación de la bancada perredista y de la opinión pública nacional. Señalaron que no era justo que una vez más se cargara sobre los hombros de los mexicanos una onerosa deuda pública que fue acumulada durante décadas por la mala administración y las corruptelas de una dirigencia sindical que se enriqueció gracias a la complicidad con altos funcionarios del Gobierno Federal. Esta misma situación ocurrió en la CFE.

Desde luego en la situación de Pemex y la CFE su situación de deuda es muy diferente a la del Fobaproa y al rescate carretero. Esta vez se trata de dos empresas del estado mexicano.

Por la situación fiscal de Pemex recuérdese que esta empresa pública aportaba cada año casi un 40% por concepto de impuestos mismos que iban a parar al presupuesto de Egresos de la federación.

Obviamente con esta elevada sangría era difícil que Pemex utilizara sus enormes ganancias no solo para reinvertir en la modernización de sus tecnologías, sino que apenas le alcanzaba para pagar las privilegiadas demandas laborales de los trabajadores y los miles de millones de pesos que iban a parar a los corruptos dirigentes del sindicato; además del pago de intereses a la banca privada para cubrir el financiamiento de los bienes y servicios de esa paraestatal.

En el caso de la CFE además de la carga de los privilegiados contratos colectivos de trabajo que sostenía con el sindicato, esa paraestatal no fue ajena a actos de corrupción de altos funcionarios de esa compañía; añadamos a lo anterior que esa paraestatal subsidia a más del 80% en sus tarifas domésticas a millones de familias pobres; y por su alto costo de la producción de electricidad operaba con números rojos.

En estas condiciones de enorme deuda mandar a estas dos compañías paraestatales y llevarlas a competir en el mercado de esa industria es condenarlas a la quiebra porque estarán en desventajas frente al poderío económico de las empresas trasnacionales.

Las bancadas del PRI y PAN proponen que los pasivos en materia laboral los absorba el estado como deuda pública a condición que los nuevos Contratos Colectivos de Trabajo no sean leoninos, es decir que las demandas laborales vayan a la par con la competitividad de las empresas y no por las coyunturas electoreras. Por supuesto terminar con el trato privilegiado a los líderes sindicales; asimismo que la firma de los Contratos de Trabajo no se firmen en lo oscurito sino que sean transparentados al dominio público.

El otro pasivo es el sistema de pensiones. El PRI-AN proponen que las pensiones sean cuentas individualizadas por medio de las afores, tal y como se hace en el IMSS y en el ISSSTE. Y además se suba a 65 años de edad para la jubilación de los trabajadores.

Este es el debate en la cámara de diputados en el que los perredistas, petistas y del Movimiento Ciudadano se oponen radicalmente porque consideran que una vez más los mexicanos tendremos que pagar los errores de una mala administración de nuestro patrimonio público y el enriquecimiento ilícito de políticos y líderes sindicales sinvergüenzas que amasan enormes fortunas con nuestro patrimonio nacional.