Desaparecen información de las pensiones vitalicias a ex –gobernadores

Al presunto responsable lo lanzan como candidato a diputado

La falta de transparencia en Nayarit, es algo sabido y aceptado por la mayoría de los ciudadanos; lo anterior, nos incita a suponer un manejo discrecional de los recursos públicos y hace fuerte la presunción de que existe un claro desprecio por la rendición de cuentas;  semejantes sombras de corrupción cayendo sobre la administración del Estado,  no nos permiten pensar que vivimos en democracia; y ante todo, por la exclusión ciudadana de la participación en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas públicas.

Hay una actitud sistemática a negar la información sobre el estado que guardan las finanzas públicas, a ocultar la información de determinada obra pública o la inversión de recursos aplicados en tal o cual evento, aunque éstos son sólo efectos del fenómeno; por lo que nos propusimos, realizar una solicitud de información que mostrara la causa del problema, así como evidenciar la opacidad implantada por un sistema intrincado de complicidades, que siempre está dispuesto a hacer hasta lo imposible por preservar los privilegios de la alta clase política y protegerla de la mirada de los ciudadanos; es decir, habría que revelar la gran corrupción política que afecta a toda la sociedad y que nos impide vivir en un Estado democrático de derecho. Se trataba de una solicitud de información capaz de evidenciar, que en Nayarit, se padece una endémica corrupción estructural de Estado, de la cual todos sus gobernantes, sin distinción, han sido responsables y que todos son parte de la clase política dominante, la que siempre ha detentado el poder en el estado, y que por lo tanto, todos han navegado por las mismas procelosas aguas de la corrupción política.

Desde el 30 de Enero del 2014,  los ciudadanos Óscar González Bonilla, José Carlos Zamudio Vidal y José Luis González López, establecimos que conforme a lo ordenado en el decreto 7569, publicado en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 30 de noviembre de 1992, el Congreso del Estado representado por su XXIII Legislatura, decretó “otorgar una compensación vitalicia equivalente a seiscientas veces el salario mínimo diario vigente en la entidad a pagarse mensualmente a favor de los ciudadanos: JULIAN GASCÓN MERCADO, ROBERTO GOMEZ REYES, ROGELIO FLORES CURIEL, EMILIO M. GONZÁLEZ PARRA y de los subsiguientes ex Gobernadores del estado de Nayarit, siempre y cuando hubieren cumplido 60 años de edad”.

Y ante la ausencia de información oficial disponible en el portal de transparencia del gobierno del Estado, solicitamos a esa Unidad de Enlace y Transparencia, se nos proporcionara por escrito la siguiente información:

Se nos entregara la lista nominal de exgobernadores que a la fecha están recibiendo dicha compensación vitalicia, los que se acogieron a los beneficios del decreto 7569. También solicitamos se nos precisara, si dichos ex Gobernadores que resultaron beneficiados con el referido decreto, reciben algún otro emolumento distinto a la compensación vitalicia. La respuesta de fondo que esperaba nuestra solicitud, era para saber si reciben emolumentos adicionales, como lo serían: automóvil, celular, equipo digital, personal de apoyo para su seguridad personal, a su disposición y a cargo del erario público. Inexplicablemente nos fue negada toda información, declarándola inexistente. A continuación nuestra repuesta:

RECURSO DE REVISIÓN      RR- 34/2014

LIC. JESÚS RAMÓN VELASQUEZ GUTIÉRREZ                                   
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA                                    
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT
P r e s e n t e.

José Luis González López, en mi carácter de representante común, en el presente recurso de revisión, número al rubro indicado, encontrándonos dentro del término de ley, de nuestra parte se tiene formulado un escrito de manifestaciones en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 8º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto por los artículos 65, 66 numeral 2; 69; 74; 75 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en relación a la ACTA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN del 24 de marzo de 2014 y de la cual nos fue notificado hasta el día 11 de abril del año  en curso, al efecto expresamos lo siguiente:

PRIMERO.-  Que el Decreto 7569 publicado desde el 30 de diciembre de 1992 relativo a las COMPENSACIONES VITALICIAS PARA  LOS EX GOBERNADORES, fue ratificado sin alteración alguna en el primer y segundo párrafo de su ARTÍCULO ÚNICO, precisamente donde quedan  establecidas las Compensaciones vitalicias;  y  tan solo se  le adicionó un tercer párrafo en el nuevo Decreto 8231, pero manteniéndole vigente su contenido, así lo promulgó el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez. El párrafo adicionado dice: Las compensaciones vitalicias que se establecen en los dos párrafos anteriores, no se cubrirán a persona alguna a partir de esta fecha, (29 de septiembre de 1999) y agrega con toda claridad lo siguiente: “NO AFECTANDO LOS DERECHOS DE QUIENES YA ESTÁN RECIBIENDO DICHOS BENEFICIOS”. Lo anterior, de manera inequívoca, establece la VIGENCIA de las Compensaciones vitalicias para los ex gobernadores de Nayarit, sólo para aquellos que ya las venían gozando y sin que se vieran afectados, les reconoce el derecho a dichos beneficios; así que la interpretación de Decreto 8231, a que se recurre para explicar la INEXISTECIA DE INFORMACIÓN, es inconsistente, errónea y falsa porque no demuestra, que las Compensaciones Vitalicias fueran derogadas y por lo tanto quedaran INEXISTENTES, única razón por la que no se encontraría registro de la información solicitada.
 
SEGUNDO.- Que resulta sumamente alarmante que no se tenga registro del pago de dichas Compensaciones Vitalicias, lo que se puede interpretar como un desdén manifiesto a la Rendición de Cuentas o como un verdadero caos en las finanzas públicas; y que tampoco se hayan clasificado como información reservada o confidencial y simplemente se declare desaparecida, es algo que resulta gravísimo para la administración de Roberto Sandoval Castañeda, porque denota un manejo discrecional y opaco de los recursos públicos. Podríamos preguntar: ¿Quién se atrevió a violar ese Decreto e invalidar  y desaparecer sus efectos legales? Cuando se habla de derechos claramente garantizados en el Decreto 8231 de 1999. Aclaramos por igual a ese Instituto, que no ignoramos los alcances legales del decreto 8231. En ese orden de ideas, la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado al declarar INEXISTENTE LA INFORMACIÓN, nunca advirtió la contradicción lógica de sus argumentos. Cuando pretendía  sustentar su negativa a informar, recurriendo al único párrafo del nuevo decreto promulgado en 1999, sin advertir que el mismo párrafo anexado otorga la garantía a los Ex Gobernadores para que continúen recibiendo dichos privilegios, por lo que resulta inadmisible su respuesta. El Decreto promulgado, establece: “NO AFECTANDO LOS DERECHOS DE QUIENES YA ESTÁN RECIBIENDO DICHOS BENEFICIOS”. Sería muy lamentable, que nos encontráramos ante una intención oficial de negar y encubrir privilegios indignos de publicarse por abusivos, ¿de dónde ha surgido la necesidad de mantener esa información en secreto?, tal vez se teme ofender a un pueblo sumido en la pobreza, con su sola publicación; porque estaríamos entonces constatando la existencia de un fallido marco ético-jurídico desde el cual sería imposible pensar en algunos “frenos institucionales” contra la corrupción: propios de un Estado democrático de derecho. Sin mecanismos estrictos de rendición de cuentas, en Nayarit se aplicaría, la ecuación básica de la corrupción de  Robert Klitgaard: “Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad (en el sentido de obligación de rendir cuentas) por la decisión pública”.

TERCERO.- El mismo Decreto 8231, reconoce la personalidad jurídica los Ex Gobernadores que venían beneficiándose y les garantiza sus derechos, ¿por qué no es posible saber de quiénes se tratan? Y cuánto le cuesta a la sociedad sostener esas Compensaciones Vitalicias y sus privilegios. Y ante tan lamentable situación, que hace imposible la transparencia en nuestro gobierno, lo único que se le ocurre al INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA es blandir  amenazante el Art. 71 numeral 2 de la Ley de Transparencia sobre nuestra solicitud de información, para buscar el plazo fatal que le permita “concluirla y archivarla legalmente”, así defiende un asunto que es razón de Estado.

La práctica de la publicidad de los actos de gobierno es una de las exigencias internas más relevantes de un Estado de derecho. La transparencia establece lo justo y lo injusto para determinar lo que es legítimo y prohibido, es el fundamento de la misma seguridad jurídica. Por ello, en un Estado democrático de derecho al que aspiramos los nayaritas, todos tendríamos acceso a la información que nos permita defendernos de las injusticias. Kant expresa con claridad la importancia de la Transparencia, que cuando está presente da razón al derecho: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otras personas cuyos principios no soportan ser publicados […] Un principio que no pueda manifestarse en alta voz sin que se arruine al mismo tiempo mi propio propósito, un principio que, por tanto, debería permanecer secreto para poder prosperar y al que no puedo confesar públicamente sin provocar indefectiblemente la oposición de todos, un principio semejante, sólo puede obtener la universal y necesaria reacción de todos contra mí, cognoscible a priori, por la injusticia con la que amenaza a todos”.

Semejante “gatopardismo” de Antonio Echevarría Domínguez, inicia cuando se propuso cambiar el Decreto de las Compensaciones vitalicias para que todo siguiera igual. Durante su campaña electoral  demagógicamente, se comprometió a derogar el Decreto 7569 y además, reconoció que las Compensaciones Vitalicias eran recibidas por los Ex Gobernadores; pero incumplió su promesa y en cambio realizó la adicción de un párrafo, mediante el Decreto 8231, dejando intactos dichos privilegios. Públicamente declaró que no le había sido posible derogarlas porque el PRD, se “rajó”, es decir los responsabilizó de su incumplimiento. A final ofrecemos el enlace con la promesa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit, atenta y respetuosamente le:

PEDIMOS

PRIMERO.- Tenernos por el presente escrito, en tiempo y forma, presentando las manifestaciones y alegatos, que en derecho nos corresponden, en contra del contenido en el auto de fecha 18 de marzo de 2014.

SEGUNDO.- Esperamos que nuestro recurso de revisión se resuelva conforme a derecho, acorde con el procedimiento dispuesto y regulado en el Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, el cual conlleva diversas etapas procesales, que se agotan en el momento en que el Instituto, emite la resolución correspondiente, dicha resolución deberá ser fundada y motivada, cumpliendo con los requisitos legales aplicables. Lo anterior con fundamento en los artículos 80 y 81 de la Ley de la materia.

ATENTAMENTE

Tepic Nayarit, 23 de abril del 2014

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ

https://www.youtube.com/watch?v=8jfXo9IBEPA

¿ES EN REALIDAD GERARDO SILLER, EL GARANTE DE LA OPACIDAD Y UN REPRESOR?

El hombre que eliminó prácticamente nuestro derecho a la información, se promociona ahora como el Secretario de Administración y Finanzas del Estado que obtuvo una distinción en transparencia fiscal; y todo, cuando la falta de voluntad por transparentar los patrimonios personales de nuestros altos funcionarios persiste hasta el presente, como un síntoma inconfundible de opacidad. ¿Será que Gerardo Siller, mostró un especial talento para desaparecer o enmendar información en la tesorería del gobierno, lo que le valió ser postulado a la Cámara de Diputados? Se sabe que es ahí donde se necesitará garantizar la aprobación de futuras cuentas públicas. Es la sospecha general.

También el hoy candidato a Diputado por el primer distrito, presume su experiencia en el paso por la CFE, y lo hace claro está, considerando que todos los nayaritas carecen de memoria. Y por lo tanto, ya quedó olvidada la rudeza con la que aplicó las políticas abusivas de la prepotente CFE en contra de miles de usuarios, que se quejaban por los altos cobros injustificados. Aparentemente, Siller habría actuado como un tecnócrata libre de emociones, que se mostró insensible ante los reclamos y jamás mostró empatía con las gentes humildes, víctimas de tan descarado atraco; es más, demostró poseer una efectividad brutal al frente de la paraestatal, hizo ostentación de un cálculo frío e indiferente ante el sufrimiento humano, al aplastar con la represión al movimiento popular y encarcelar de sus dirigentes, falsamente acusados de guerrilleros. Siller debe explicar la represión de la CFE contra los nayaritas, porque si fuera responsable, se necesitaría ser muy “caradura” para ahora presentarse a solicitar su voto.

EL 10 de junio del 2004, se conmemoró en Tepic, en la Universidad Autónoma de Nayarit, el Foro Nacional sobre “La Guerra Sucia en México”, en el marco de nuestra lucha contra el gobierno represor de Antonio Echevarría Domínguez y por la liberación de los líderes del movimiento de usuarios de la CFE, Arturo Romano Casillas Y Oscar Nava Flores. Toda la propaganda del evento nos fue destrozada por porros y no me es posible estar presente por la persecución policíaca. De todos los participantes programados, sólo pudimos traer al antropólogo Gilberto López y Rivas, la causa: Naranjo y el entonces rector Castellón Fonseca nos habían saboteado el evento, los Chuchos bloquearon los recursos ya autorizados para los boletos de avión de los participantes y le habían advertido del evento al gobernador Echevarría. Sin embargo, exitosamente se trasladan en un camión muchas de las organizaciones de Derechos Humanos participantes y el cantante Cayo Vicente, da un concierto en la protesta. El Dr. Gilberto López y Rivas, visita a los presos políticos en el penal y denuncia al gobierno autoritario, se exige el fin de la represión y la libertad inmediata de los presos políticos.

Gilberto López y Rivas constata los métodos fascistas de Antonio Echevarría y la CFE, para fabricar delitos con el apoyo de polizontes y hace pública en La Jornada, su testimonio: “ante el fracaso del Estado por cooptar al movimiento, -escribe- se recurre a la represión, no sin antes utilizar a los medios masivos para satanizar al MPU, relacionándolo sin fundamento con el Ejército Popular Revolucionario y utilizando mercenarios del periodismo local, como Sergio B. Dávila”. (La Jornada 2 - 7 -2004).

NAYARIT: PRESOS POLÍTICOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Gilberto López y Rivas

El gobierno de Vicente Fox ha profundizado la política de represión y hostigamiento del movimiento social que caracterizó al antiguo régimen de partido de Estado. A lo largo y ancho del país encontramos numerosos casos de agresiones policiacas, persecuciones y posteriores encarcelamientos de quienes luchan por la defensa de los derechos y las demandas del pueblo, en organizaciones democráticas ajenas al control corporativo del sindicalismo oficial y fuera de la influencia de los partidos políticos nacionales. Con frecuencia se trata de esfuerzos organizativos locales que brotan al calor de la resistencia de sectores afectados por la devastación neoliberal y las políticas antipopulares que aplica el actual gobierno federal.

Usualmente estos movimientos son contenidos por una maquinaria en la que intervienen las autoridades federales y estatales, con la acción expedita del aparato judicial, que criminaliza la protesta y consigna a los dirigentes por delitos comunes. Así, el gobierno niega la existencia de presos políticos y se sustrae a la posible acción de organismos de escrutinio nacional e internacional.

Por su parte, muchas de las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos pecan de omisión, en el mejor de los casos, o entran en franca complicidad con los gobiernos, sin que a la fecha se conozca a ciencia cierta qué hacen realmente para defender a los presos políticos y si se cuenta con una lista a nivel nacional de aquellos injustamente encarcelados con acusaciones de ataques a las vías federales de comunicación, privación ilegal de la libertad, sabotaje, daños en propiedad ajena, que son, en realidad, eufemismos legalistas de la guerra social, cuyo propósito es acallar la resistencia.

Uno de estos casos es el del Movimiento Popular de Usuarios del Norte de Nayarit (MPU), que surge a partir de la imposición arbitraria de las tarifas eléctricas por la Comisión Federal de Electricidad, y los presos políticos Arturo Romano Casillas y Oscar Nava Flores, quienes están recluidos en la cárcel de Tepic desde el 7 de diciembre de 2002, en espera de la sentencia en el juzgado primero de distrito.

Arturo Romano Casillas es un respetado y querido maestro de la zona norte de Nayarit, militante activo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y del Frente Magisterial Independiente Nacional, quien optó, junto con los pobladores de los municipios de Acaponeta, Ruiz, Huajicori y Tecuala, en Nayarit, y La Concha, en el sur de Sinaloa, por construir el MPU ante las alzas de 100 por ciento y hasta 200 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

"Es importante señalar -refiere el profesor Romano- que la imposición de dichos incrementos fue la gota que derramó el agua del vaso, porque miles de familias viven en la miseria por los aumentos constantes y desmesurados de los precios de los artículos de primera necesidad, el desempleo creciente, los bajos salarios, el alza mensual de los precios del gas doméstico, la gasolina y todos los impuestos, la falta de apoyos al campo, la ausencia de precios justos para frijol, tabaco, sorgo, mango, y toda la producción de la región."

Antes de las movilizaciones del MPU, los frijoleros ya habían realizado bloqueos de la carretera internacional para exigir al gobierno del estado el pago de sus cosechas. Año con año, las protestas de éste y otros sectores productivos han venido ocurriendo porque los campesinos de Nayarit viven la misma situación de crisis permanente que los del resto del país.

Además de los daños ocasionados por el Tratado de Libre Comercio y las antinacionales políticas del Estado mexicano, la región norte nayarita también fue perjudicada por fenómenos naturales, como los huracanes Rosa y Kenna, siendo además importante zona expulsora de migrantes.

El MPU desarrolló todas las formas de movilización conocidas. Romano relata: "de la protesta individual se pasó a la colectiva y organizada en forma natural; en las colonias, barrios y comunidades de Acaponeta se formaron comités de lucha que cumplían tareas concretas como repartir volantes, convocar a las marchas y plantones, solicitar apoyo económico para la elaboración de mantas y carteles".

Ante el fracaso del Estado por cooptar el movimiento, se recurre a la represión, no sin antes utilizar a los medios masivos de comunicación para satanizar al MPU, relacionándolo sin fundamento con el Ejército Popular Revolucionario y utilizando mercenarios del periodismo local, como Sergio B. Dávila, quien refiriéndose al profesor Romano escribió en Realidades de Nayarit:

"El revoltoso individualista, con nexos foráneos de anarquistas, carece del respaldo popular de los medios de comunicación, sea porque los excluye y porque varios tundemáquinas han sido amenazados y desprestigiados por este comunista que bien sabe que la guerrilla prospera cuando los políticos, pueblo y comunicadores son amedrentados, amenazados y acosados."

Precisamente al día siguiente de que aparecieron este tipo de notas periodísticas, alrededor de 50 elementos de la Agencia Federal de Investigación y la Policía Judicial del estado detuvieron con violencia al profesor Romano y a Oscar Nava, después de mantener cercada la casa de este último durante varias horas y arrojar gases lacrimógenos en su interior.

¡Libertad a los presos políticos de los movimientos sociales!

http://www.jornada.unam.mx/2004/07/02/023a1pol.php?origen=opinion.php&fly=2

El candidato del PRI a Diputado por el Primer distrito, presunto responsable de desaparecer la información sobre las Compensaciones vitalicias; y podría ser el responsable de la feroz represión contra los usuarios de la CFE.