UAN perdería eventual litigio con alcaldes

La advertencia del Rector Juan López, de promover “acción penal” contra los alcaldes que se niegan a otorgar el monto del 12 por ciento de impuesto recabado, corre el peligro de diluirse por falta de sustento jurídico e inclusive moral.

En primer lugar, López Salazar habla como si fuera el vocero oficial del Patronato, lo que compromete la posición del Presidente del mismo, quien está ahí para subrayar la autonomía de la que está dotada dicha entidad administradora; y en segundo lugar, la “Ley del Patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit”, señala que el dinero obtenido por esa vía será concentrado en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, por lo que el reclamo debería ir contra el gobernador (o en su defecto, contra el Secretario de Finanzas), no contra los presidentes municipales. Si estos no reportan lo recabado, entonces son el gobernador y el secretario de finanzas los indicados para exigirles, a los alcaldes, el cumplimiento de la Ley.

Pero hay otra situación más grave, según los expertos consultados. No puede haber leyes especiales que beneficien a particulares. Recabar dinero, vía impuestos, para beneficio patrimonial de una entidad particular, aunque se trate de una institución noble como la UAN, viola el principio de igualdad: se debe legislar en general y para todos, no para entes especiales. Es decir, se puede establecer un “impuesto especial” o “adicional”, —o como se le llame—, pero en este caso debería favorecer a la educación en general, por ejemplo, no a una institución particular que se dedica a educar. Su distribución ya dependerá de los criterios a discusión de la miscelánea fiscal periódica, por parte de los legisladores.

El sustento en que se asienta la existencia del Patronato administrador del 12 por ciento, es demasiado frágil en ese sentido. En otras universidades públicas, este esquema anticonstitucional ha sido desechado de forma paulatina. Algunas instituciones de educación superior tuvieron litigios, en los cuales salieron perdiendo contra alcaldes y otras autoridades, pues la Corte les dio a estos, invariablemente, la razón.

La opción que queda es modernizar el Patronato, como lo han hecho otras universidades. Por mucho que se acentúe la responsabilidad del Estado en la Educación, nunca habrá dinero que alcance para atender las necesidades de las instituciones que se encargan de ella. En el caso de la UAN, esto implica sustanciales reformas internas, tanto políticas como académicas.

En la actualidad se tiende a subrayar, en los nuevos Patronatos, la responsabilidad de acrecentar el Patrimonio. Esto implica que la universidad debe estar academizada, pues de otra manera siempre será incapaz de hacer ofertas de proyectos de investigación y desarrollo viables, —susceptibles de llamar la atención de inversionistas privados y fundaciones internacionales. Es decir, el recabado de recursos no debe atenerse sólo a las donaciones (y, en este caso, a las donaciones forzadas vía impuestos). El Patronato debe convertirse en un gran gestor de recursos de distinto origen legal, a partir del crédito moral e intelectual aportado por nuestros profesores e investigadores.

Ahora bien, es dudoso que los académicos estén a dispuestos a readecuar su papel, cuando tienen encima a un organismo estudiantil, —instrumento político de las autoridades—, que absorbe recursos de forma irracional y promueve la simulación. “¿Vamos a trabajar para la sociedad, o para los porros?”, es la pregunta que se hacen científicos serios de nuestra Alma Mater.

La responsabilidad de nosotros los universitarios es hacer que nuestra institución sea un auténtico factor de desarrollo en la región. Pero esto supone que la UAN funcione sobre auténticas bases académicas, fuera de toda mala politización; de lo contrario, la viabilidad de nuestra institución siempre estará en entredicho, a los ojos de la sociedad.

Creo que una actitud más sabia por parte del Rector sería convocar a los alcaldes, al gobernador, a los miembros conspicuos de la sociedad privada y, por supuesto, a los académicos, a elaborar unas nuevas reglas de financiamiento, con el compromiso de diseñar unas políticas universitarias pertinentes, sobre la base, por supuesto, de una reestructuración académica funcional y eficiente. No hay de otra. De lo contrario, la UAN estará, para siempre, condenada al triste papel de sonar los platos para que le den de comer.