Pantanal en un polvorín

En la década de los 80 se dio una discusión sobre el lugar para la construcción del aeropuerto de Tepic. Hubo quien opinó en la conveniencia de construirlo en la zona del crucero de San Blas. Se dijo que allí no había bolsas de aire y se tenía un espacio sin cerros que impidieran el arribo de las aeronaves. Sin embargo, allí no se prestaba el lugar para los grandes negocios familiares de los altos funcionarios. Por esa razón resultaba inviable el proyecto. Se estuvo buscando el sitio adecuado hasta que se dio con la zona pantanosa del ejido de Pantanal del municipio de Xalisco. Mejor no podía estar. La superficie requerida requería una enorme cantidad de cemento y de varillas de fierro para obtener una superficie sólida capaz de recibir a los aviones grandes. Toneladas y toneladas de cemento y de varilla se vaciaron en esa región. Cuando se dijo que ya estaba listo el lugar, resultó un hundimiento que obligó a vaciarle más cemento y más varillas. Por fin, quien se encargó de los negocios y la construcción del
aeropuerto entregó la obra. Fue una ejecución viciada y presidida por la corrupción. Hoy vuelve a espolvorearse ese mal endémico.

Como era de esperarse, el aeropuerto se construyó en terrenos del ejido de Pantanal. Se afectaron terrenos de ejidatarios y de uso común. En 1993 sale un decreto expropiatorio en base al cual a los posesionarios se les paga la tierra y los bienes o inversiones hechas en dichas tierras. Sin embargo queda pendiente una buena parte de las tierras de uso común sin la liquidación correspondiente. El ejido entonces promueve un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario en contra del gobierno por no haber cubierto el adeudo total. El Tribunal resuelve a favor del ejido y condena al gobierno del Estado al pago de esas tierras de uso común. Ante este fallo, las autoridades estatales depositan 90 millones de pesos en el FIFONAFE como fondos comunes a favor del ejido de Pantanal. Empero esta situación ha generado división entre los ejidatarios y los que se vieron afectados de manera directa y que ya recibieron su indemnización se oponen a que esta suma se distribuya de manera proporcional entre todos los ejidatarios o que el ejido determine qué hacer con el dinero. Entre dimes y diretes salió a relucir los nombres de la ex diputada Olga López Castillo, de algunos de sus familiares así como de políticos del PRD y del PRI. Se antoja pensar que estamos en el preludio de la campaña electoral y que brotarán conflictos por doquier.