Alto al espionaje ilegal y corrupción en México

Un reportaje del diario israelí The Marker, basado en documentos judiciales, ha desvelado cómo dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Ansbacher, se beneficiaron con 25 millones de dólares al actuar como intermediarios en la asignación de contratos gubernamentales para la adquisición de Pegasus durante la administración de Enrique Peña Nieto. Esta red de empresas de inteligencia ofrecía tecnología cuyas características coincidían con el spyware.

Estas revelaciones coinciden con el juicio por el espionaje a la periodista Carmen Aristegui, donde se expuso un entramado de corrupción y complicidad. Un testigo protegido, "Zeus", declaró que Ansbacher, dueño del conglomerado KBH –empresas intermediarias de Pegasus en México–, operaba intervenciones ilegales de comunicaciones sin mandamiento judicial directamente bajo órdenes del expresidente Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex titular del CISEN, Eugenio Imaz. Incluso, el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue víctima de espionaje con Pegasus, sus conversaciones fueron interceptadas y grabadas.

México ha sido el primer y principal cliente de NSO Group, la empresa creadora de Pegasus. La corrupción en esta compra no solo fue un abuso de recursos públicos, sino que también facilitó violaciones masivas a la privacidad.

Ante estos hechos, Article 19, R3D y SocialTIC exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno federal:

Una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso indebido para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.

Que se investigue y sancione a todos los responsables, incluidos exfuncionarios de alto nivel mencionados en las acusaciones, así como aquellos involucrados en el uso de Pegasus durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 
Plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición.

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información. No permitiremos que estas graves violaciones permanezcan impunes. La verdad y la justicia son indispensables para fortalecer nuestra democracia y garantizar que estos abusos no se repitan.