Se negocia la desaparición o no del IFE

Quedan unas cuantas sesiones ordinarias del Congreso de la Unión para que los legisladores de ambas cámaras debatan y aprueben la Reforma Política-Electoral y la Energética.

El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones ha dicho que la reforma energética bien vale la pena negociarla por la reforma electoral en los términos que la exige la bancada panista, pues la energética es la madre de todas las reformas estructurales del presidente Peña Nieto.

De ser así se da por hecho la desaparición del IFE y en su lugar será sustituido por el Instituto Nacional Electoral y la reelección de alcaldes, síndicos, diputados locales y federales y senadores, entre otras de la  reformas.

De concretarse este trueque entre priista y panistas podrían echar por la borda todo lo hecho por el IFE pese a las descalificaciones de López Obrador y algunos dirigentes panistas. Es una institución reconocida a nivel internacional aun cuando los mismos partidos políticos meten las manos cada seis años para ajustarla a modo de los intereses partidistas, sobre todo cuando los resultados electorales les son adversos.

En opinión de algunos especialistas en la materia desaparecer el IFE y sustituirlo por un nuevo membrete no resuelve de fondo la inequidad y poca transparencia en la competencia electoral.

La estructura territorial del IFE técnicamente ha sido exitosa ya que sus cuadros directivos tienen una gran experiencia y han demostrado a lo largo de los años una gran capacidad profesional para organizar los procesos electorales federales en cada una de las entidades de la república. Lo mismo se puede decir de la mayoría de los órganos electorales estatales.

El Dr. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y otros expertos en materia electoral proponen que en vez de crear otro nuevo membrete se añadan nuevas atribuciones al IFE, entre otras, la designación de los consejeros ciudadanos que integran los institutos estatales electorales; la instrumentación de los resultados preliminares; la distribución de los spots y la fiscalización de los recursos públicos que se gastan en las campañas electorales. O sea, todo el proceso electivo y de calificación del proceso electoral dejarlo en manos de los institutos locales.

Señalan que sería un grave error echar a la basura todo ese bagaje de experiencia de los órganos estatales electorales. Despierta suspicacias que ahora  que el PAN perdió la silla presidencial y la mayoría de las gubernaturas que estaban en su poder se preocupen por centralizar todos los procesos electorales.

De crearse el Instituto Nacional Electoral surgen varias preguntas, entre otras, ¿Qué pasará con los actuales 4 consejeros del IFE? ¿Serán liquidados o tendrán opción a quedarse por el tiempo que mandata el COFIPE? ¿Qué pasará con los consejeros ciudadanos de todos los institutos estatales electorales? ¿Se les indemnizará y serán echados a la calle?

A la luz de los hechos los legisladores federales no hacen bien su tarea en materia electoral. Desde el 2000 los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) a través de sus bancadas en ambas cámaras mantienen secuestrado al IFE. Prueba de ello que de 9 consejeros que deberían integrar el consejo nacional solo hay 4 en funciones. Hasta hoy los 5 vacantes están siendo negociados como moneda de cambio. Quien ha acotado la independencia del IFE son precisamente los intereses partidistas quienes actúan según como les va en la feria.

Por tales razones no estamos muy seguros que el cambio de nombre del IFE mejoren los comicios estatales y federales. El probable Instituto Nacional Electoral podría degenerar en un monstruoso aparato burocrático que en vez de hacer más transparente la competencia electoral la haría brutalmente más engorrosa, y todo para que el tricolor amarre los votos del PAN a fin de sacar adelante la reforma energética de la que no sabemos cuál será su alcance en el desarrollo económico de nuestra nación.

Lo único que conocemos que el PAN le apuesta a ofertar toda la industria energética a la inversión privada mediante los contratos de concesión, en tanto que el PRI le apuesta a los contratos de utilidad compartida. Ambos casos requieren una reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucional. Por tanto este sector estratégico dejaría de ser de Seguridad Nacional.