Terminará pesada carga del Tribunal Superior de Justicia

(06 de septiembre de 2017)

Entidad alguna, llámese poder ejecutivo o legislativo, deberá intervenir para adelgazar el obeso Tribunal Superior de Justicia de Nayarit porque al paso de los años por aplicación de la norma unilateralmente habrá de disminuir el número de 17 magistrados, opina Juan Antonio Echeagaray Becerra, integrante del Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura.

Calcula Echeagaray, haciendo eco de reformas constitucionales y ley orgánica del Poder Judicial, que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia ejercerá funciones con tan sólo nueve magistrados como desde hace tiempo prevé la ley. Once magistrados tendrán que separarse del cargo por vencimiento del periodo de ejercicio en el transcurso de 2019. Quedarán seis, pero el gobernador de ese entonces, Antonio Echevarría García, deberá enviar tres ternas para que el Legislativo de ellas apruebe tres nuevos magistrados.

De nueva cuenta el Ejecutivo no tendrá mayoría de magistrados en el tribunal de justicia, situación que considera Echeagaray Becerra muy prudente, ya que un poder judicial independiente puede ser un eficaz freno del poder ejecutivo.

VOZ SIN VOTO

Nada conforme está el abogado mercantilista entrevistado con la manera en que funciona el Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura del cual forma parte, porque a sus cinco miembros sólo convocan para el análisis de nimiedades, de temas intrascendentes.

Quedan al margen de la discusión de asuntos torales como aprobación de presupuesto, como modificación y designaciones en las salas de los propios magistrados, reasignación o cambio de adscripción de los jueces, sanciones a los jueces en los procedimientos de presentación de quejas y sancionatorios, etcétera. “A reuniones para tocar temas de fondo no somos convocados por el Consejo de la Judicatura”, sostiene Juan Antonio Echeagaray.

Suaviza al indicar que el reglamento no especifica ni exige que el Consejo Consultivo deba asistir a todas las reuniones del Consejo de la Judicatura que también integran como presidente Pedro Antonio Enríquez Soto y los 16 magistrados.

“Establecido está que el Consejo Consultivo es un órgano de opinión, pero si la opinión que allí se vierta después la ponen en conocimiento de los magistrados, considero que es duplicidad. Sería más importante que el Consejo Consultivo opinara en la reunión con los magistrados, inclusive hubiera modificación para que los integrantes votaran y con ello avalar las decisiones del Consejo de la Judicatura, o en su caso que pudiera oponerse el segmento de los justiciables, el segmento de los abogados a determinaciones del Poder Judicial. Insisto: unilaterales son las decisiones al no haber opinión al contrario en el seno del Consejo de la Judicatura. El Consejo Consultivo tiene como fundamental propósito el de coadyuvar al mejoramiento del servicio de impartición de justicia estatal”, arguye Juan Antonio Echeagaray Becerra.

Es decir, tienen voz, pero no voto. Juan Antonio Echeagaray Becerra junto con Alejandro Talavera Tovar, Blanca Nieves Esparza García, Lucinda Arias Vázquez y Humberto Avena Rivera (estos dos últimos ratificados en el cargo) fueron designados el 17 de abril de 2015, por periodo de tres años, para integrar el Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura.

ENRÍQUEZ SOTO, ÍNTEGRO

En fecha breve, periódico de la vida nacional involucró al magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, a la sazón presidente del Tribunal Superior de Justicia, en calidad de cómplice de una red de corrupción encabezada por Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit.

Echeagaray Becerra avaló la honesta conducta y probidad profesional de Pedro Antonio Enríquez al frente del Poder Judicial de Nayarit, al mismo tiempo asentó que se trata de un error por desconocimiento de facultades del presidente del TSJ, más bien se intenta manchar excelente trayectoria, explicó.

Pese al señalamiento periodístico, el entrevistado considera que no se perdió la confianza de la ciudadanía nayarita en el sistema jurídico ni en las instituciones de impartición de justicia.