Aquellos tiempos...

ENCONTRÓ DESORDEN EN LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Como el inquilino que por primera vez llega a la casa que habitará, Maximino Muñoz de la Cruz observó a detalle el funcionamiento de cada área de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDHN) y encontró rezago importante.

Con base en su propia versión fueron hallados alrededor de 450 expedientes de quejas en trámite, algunos datan de 2015, pero la mayoría se ancló en 2016. Encontró precariedad presupuestal, y lo que es peor, una dependencia no acorde con la evolución del tema de los derechos humanos, se estancó.

Entrevistado en su modesta oficina del edificio de la comisión que en Tepic se ubica en la equina de las calles Ures y Lerdo, Maximino Muñoz de la Cruz como presidente del organismo pone acento a la falta de moderno equipo de cómputo, al señalar que las tecnologías de la informática deben tener cambio permanente; pero significativa es su apreciación en la inoperancia de comunicación social de la dependencia, el trabajo de la comisión no informado a la opinión pública ni siquiera con oportunidad.

Para comunicar debidamente jamás se hizo uso de las redes sociales, hoy muy en boga y con ingredientes letales para la corrupción, como son, entre otros, libertad de expresión y credibilidad. Se lamenta de la falta de transparencia en el quehacer cotidiano de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para Nayarit, y presenta el ejemplo de la página web en obsolescencia, en pausa, por años sin actualizar.

Un tema de interés vital es el presupuesto. Dice el servidor público que en la actualidad es de 17 millones 350 mil pesos, cifra que se mantiene desde 2015. Conocedor de la puesta en práctica de la austeridad republicana por parte del gobierno de López Obrador, no se ha pedido aumento al presupuesto para la dependencia en Nayarit. El 80% de este se aplica en el pago de salarios y gasto operativo.

LA CDDHN en la actualidad funciona con 44 personas. El presidente sólo tuvo la oportunidad de tres lugares para personal de nuevo ingreso. Por fortuna terminó contrato a cinco elementos, por ello atrajo a la dependencia servidores de su confianza que vinieron a darle aire fresco y mayor contenido al trabajo, según su versión. A su disposición la comisión cuenta con 18 vehículos.

La responsabilidad como titular de la CDDHN, Maximino Muñoz de la Cruz la asumió el 14 de diciembre de 2018 para un periodo de cinco años. Según sus decires halló una dependencia dividida tanto en funciones como físicamente. Un área trabajaba en edificio de P. Sánchez y Allende, la otra en Ures y Lerdo.

Llamó su atención que en la actividad de la comisión se privilegiara la estadística que el contenido. Se concedía capacitación a escolares, profesores y padres de familia, mientras que atrás quedaba la actualización a servidores públicos sobre prevenir y vigilar el respeto a los derechos fundamentales. Se hizo análisis y posterior diagnóstico para saber la efectividad de los cursos de capacitación.

Pilares fundamentales de la CDDHN lo son la Secretaría Ejecutiva y Visitaduría General. A esta última corresponde la inmediata atención a la ciudadanía sobre quejas de violación a derechos humanos, y se integra por visitador general, seis recibidores de quejas y cuatro que resuelven. En atención inmediata se resolvió la falta de personal femenino para atención exclusiva a mujeres, asimismo ya se dispone de espacio privado para escuchar a hembras y personas muy maltratadas.

Muñoz de la Cruz es empeñoso en darle mayor dinamismo y efectividad al quehacer de la comisión defensora de los derechos humanos en nuestra entidad. Por ello ha dispuesto reforzar el área de comunicación social, contenidos y, sobre todo, lo que considera un tema toral: inmediata atención a la queja ciudadana.

En los casi ocho meses de la nueva era, considera que ha sido posible ganarse la confianza del pueblo. Tan es así que en ese periodo la comisión ha recibido un número superior a los 300 quejas ciudadanas. Con base en clasificación de éstas, el primer lugar en quejas lo tiene seguridad pública, segundo el sector salud y tercero el sector educativo.

Explica el servidor público que, comprobada la violación a derechos fundamentales, la comisión observa de inicio procedimientos administrativos. El funcionario responsable puede llegar a ser destituido o inhabilitado con base a dictamen de las normas legales de la dependencia. Cuando hay total desobediencia a las disposiciones de la CDDHN, o bien se niega toda relación con esta, corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado citar al agraviador para que comparezca. Hasta la fecha nadie ha llegado a ese extremo.

-Los integrantes de etnias de Nayarit, al saber que uno de los suyos preside la comisión de defensa de derechos humanos, sin timidez han presentado quejas. Si es así, ¿cuáles han sido los temas?

-Su servidor antes de ser presidente de la comisión fui durante muchos años activista por la defensa de los pueblos indígenas, mis hermanos. Y dentro de este activismo hace dos años nosotros generamos una queja a la comisión nacional por el tema de las omisiones legislativas, pero además por el tema de atención a espacios públicos. En Nayarit no hay una ley de consulta para los pueblos indígenas, en el amplio campo de sus derechos necesitan ser consultados sobre todo aquello que afecta la vida de las comunidades. Requieren ley que por ejemplo proteja el patrimonio inmaterial, diseños, arte, entre otros, así como la participación política y electoral. La otra es la ocupación de espacios públicos para la atención a población indígena.

Es un catálogo de peticiones que en su momento hicimos para que el Congreso, el Ejecutivo y los municipios se avocaran a dar atención al tema indígena. Ante la desconfianza las quejas las hicimos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

La paradoja es que las quejas fueron remitidas por esta última a la comisión estatal cuando ya era presidente Maximino Muñoz de la Cruz, quien hace más de un mes junto con su equipo trabaja en la solución del asunto al través de la recomendación, que advierte será muy severa. También anuncia que incluirá al Poder Judicial al carecer de intérpretes, peritos y defensores en lengua indígena.