Resistencia al cambio

Para nada me extrañó que el Profr. Liberato Montenegro líder moral de la Sección 20 de maestros sacara a las calles a sus huestes a protestar en contra de la reforma educativa específicamente a la ley del Servicio Profesional Docente aprobada un día antes del Primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Su doble discurso quedó evidenciado ante la opinión pública nayarita. Días antes que se aprobara dicha ley los dirigentes formales de la Sección 20 encabezados por su secretario general Roberto Ávila Arciniega publicaron un desplegado patentizando su apoyo a la reforma educativa del presidente Peña Nieto.

¿Entonces cuál fue el motivo que los dirigentes de la Sección 20 recularan en su posición? Es probable que coincidan en la posición de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes advirtieron que si bien el Gobierno Federal se salió con la suya, la mencionada reforma educativa no pasará en sus centros de trabajo, esto es, en las escuelas que tienen bajo su control.

En esta estrategia los seguidores de Liberato Montenegro enseñaron el musculo el martes pasado cuando paralizaron a cientos de  escuelas afectando a más de 200 mil niños y niñas.

El mensaje no es hacia el Gobierno Federal sino va dirigido al Gobernador del Estado, Roberto Sandoval, el que al fin de cuentas será el responsable que se cumpla esa reforma en Nayarit.

El duro golpe a los intereses caciquiles del magisterio federal no fue menor:

1.-A partir del año próximo serán evaluados todos los profesores de enseñanza básica con carácter obligatorio.

2.-De acuerdo a la Ley del Servicio Profesional Docente, los profesores tendrán tres oportunidades para aprobar. Si no ocurre así serán reubicados a un puesto administrativo o en su caso podrán acogerse a un programa de retiro voluntario.

3.-A partir de la promulgación de dicha ley aquel docente que no concurra a su salón de clases durante 3 días consecutivos sin justificación será dado de baja.

4.-Los comisionados sindicales ya no cobrarán a cargo del Erario Público.

5.-Las plazas no podrán ser heredadas o traficadas. Y la asignación de nuevas plazas será mediante concursos.

6.-Respecto a las plazas del aparato administrativo y de dirección escolar o de supervisión serán asignadas a quienes tengan méritos profesionales y escalafonarios y no por amiguismo o compadrazgo o como premio por labores de proselitismo electoral.

No será tarea fácil para el Gobierno Estatal y Federal vencer esta resistencia al cambio toda vez que durante décadas se volvió una costumbre cotidiana gracias al prolongado amasiato entre los gobiernos priistas y panistas con los dirigentes del SNTE por razones político-electorales.

Por supuesto la reforma educativa no dará frutos a mediano plazo si el estado no provee de una buena infraestructura escolar, equipamiento con las modernas tecnologías de enseñanza-aprendizaje, laboratorios y talleres, capacitación, así como la adecuación de los planes y programas de estudios al Plan Nacional de Desarrollo; así mismo buenos salarios a los trabajadores de la educación, sobre todo en zonas marginadas.

Por otro lado no sería deseable que la reforma educativa fuera utilizada como una nueva forma de control político del Gobierno Federal y que los responsables de implementarla utilizaron las mismas prácticas clientelares de los caciques sindicales.

Ya veremos si se trata de un cambio de fondo y no de forma de conducir  la educación en nuestro país.