Razones para un amparo colectivo

El viernes 26 de julio, un grupo de 16 ciudadanos encabezados por los diputados locales Miguel Ángel Arce Montiel (PRD), Leopoldo Domínguez (PAN) y el legislador federal Rodrigo González Barrios (PRD), así como personalidades de la cultura y la academia como la investigadora Lourdes Pacheco, los directores de teatro como Luis Bravo y Octavio Campa, la poetisa Alma Vidal, profesores como Andrés Martínez y César Cruz, entre otros (incluido un servidor), interpusimos una solicitud de amparo contra la venta del predio del ex estadio de béisbol que forma parte del complejo de la Ciudad de las Artes.

Como todos en Nayarit saben, en el sexenio anterior hubo en desvío de fondos por 126 millones de pesos que mediante un impuesto especial se cobra a los contribuyentes para destinarlo a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); dineros que administra un Patronato para la construcción de edificios y obras de infraestructura de nuestra Máxima Casa de Estudios, sin que hasta la fecha se haya aclarado el paradero de esos dineros ni se haya fincado tampoco responsabilidad alguna contra el ex titular del ejecutivo por ser él en quien recae esa responsabilidad, dando lugar por parte del gobierno actual a lo que parece ser un encubrimiento de hechos delictivos en agravio de las finanzas públicas y por ende de la sociedad nayarita, a pesar de que declarativamente el gobernador de Nayarit ha señalado en reiteradas ocasiones a su antecesor como el responsable de actos de corrupción diversos, incluido el mencionado desvío de los dineros de la UAN, sin proceder legalmente contra los presuntos responsables -salvo excepciones de poca monta y mucho ruido mediático- lo que hace suponer a algunos analistas y actores políticos locales, que debe existir un acuerdo no escrito entre Ney González, el anterior gobernador, y Roberto Sandoval, actual gobernador de Nayarit, si bien esto entra del campo de la especulación.

Lo cierto es que desde noviembre del 2010 y durante todo el año 2011, incluidos los primeros meses del actual gobernador, se dejó de pagar a la UAN el mencionado impuesto, retomándose ese adeudo posteriormente donde el gobierno del estado pagó 55 millones, quedando pendientes 71 millones, mismos que se pretenden obtener de la venta del mencionado predio público cuya superficie es de 17 mil 140 metros cuadrados, mismo que se había destinado originalmente al proyecto de la Ciudad de las Artes. Huelga decir que los 71 millones de pesos abonados a la UAN se obtuvieron de un préstamo de 5 mil millones de pesos que la XXX Legislatura autorizó a Roberto Sandoval para hacer frente al quebranto económico que legó de Ney González, cuya cifra por cierto nunca se ha esclarecido del todo. Actualmente se pagan más de 30 millones de pesos mensuales por concepto de servicio de la deuda.

La argumentación jurídica del amparo parte del concepto de “interés legítimo”, el cual permite defender los intereses tutelados de la sociedad de los atropellos del poder. En este caso, dicho interés legítimo lo constituyen los derechos de los ciudadanos a la cultura que en caso de enajenarse esa propiedad pública sería vulnerados, en razón de que dicha propiedad forma parte del proyecto de la Ciudad de las Artes. De este modo, en el documento de solicitud de Amparo Indirecto Colectivo que consta de 19 cuartillas, se reclaman los derechos a la cultura lesionados o vulnerados a la ciudadanía de darse la enajenación del predio del ex estadio de béisbol, señalando los antecedentes del mismo. Como se recordará, a principios del 2010, el entonces gobernador Ney González, justificó la demolición de los emblemáticos estadios deportivos aduciendo problemas estructurales de los mismos por su envejecimiento, al mismo tiempo que prometió sustituirlos por otros nuevos, determinando asimismo que ambos predios se destinarían a un proyecto llamado “Ciudad de las Artes”. Para estos propósitos,  la anterior legislatura aprobó 2 mil 500 millones de pesos. Como sabemos, sólo se construyó el estadio de futbol “Arena Cora” (concesionado por cierto a particulares) y se construyó parcialmente la primera etapa de la Ciudad de las Artes, dejándose inconclusa su segunda etapa, justo donde estaba el estadio de béisbol.

Asimismo, la solicitud de amparo aduce puntualmente una serie de preceptos legales nacionales e internacionales y aporta pruebas diversas que demuestran que el daño a la cultura de los nayaritas sería irreparable de proceder la enajenación de ese inmueble. Por todas estas razones se solicita a la Justicia Federal que resuelva una suspensión provisional y luego definitiva de la ejecución de esos actos que atentan contra los derechos culturales de los nayaritas. Hoy (martes 30 de julio) a más tardar a las 3 pm, un juez del Juzgado Primero de Distrito se pronunciara al respecto.

El ahora llamado “Parque de la Dignidad” como algunos ciudadanos le han llamado al predio del ex estadio de béisbol el cual han protegido inicialmente con su presencia física sembrando árboles, limpiándolo de basura, cortando maleza, etc., (persistiendo hasta la fecha en esas actividades), ha dado un nuevo paso en su defensa reclamando que debe ser respetado como espacio cultural y recreativo de acuerdo al proyecto original que contempla para él la construcción de biblioteca, ludoteca, cineteca, escuela de música y de bellas artes. Pero se trata también de pugnar contra la intención de dejar impunes a los malandrines que saquearon las arcas públicas y quieren que los ciudadanos contribuyentes paguen 2 veces por el mismo concepto.

Los intentos de confundir a la opinión pública por los mafiosos que controlan patrimonialmente a la UAN, que actúan como sus dueños disponiendo de sus recursos como si fueran propios, y del mismo gobierno del estado que pretende solapar actos de corrupción inadmisibles, no prosperarán porque la participación ciudadana y las redes sociales están haciendo prevalecer la verdad. Quienes hipócrita o ingenuamente consideran que estos actos legítimos de los ciudadanos por defender un patrimonio público y contra la impunidad atentan contra la UAN, escupen para arriba y actúan perversamente mostrando su mezquindad e irracionalidad, pues se han negado a aceptar que existen alternativas viables para obtener recursos para saldar la cuenta con la UAN sin despojar a la ciudadanía de un bien público y sin prestarse a servir de tapaderas de la corrupción gubernamental.

Una fuente es que el gobierno limite sus excesivos gastos en propaganda (a razón de medio  millón diario); otra que no se derroche dinero en espectáculos frívolos y onerosos como los conciertos de Luis Miguel, Julio Iglesias y otros, pues comparativamente a las necesidades del estado (entre ellas la deuda con la UAN) y dado el quebranto de las finanzas públicas, resulta una enorme irresponsabilidad realizar este tipo gastos como si no existieran prioridades; y una tercera opción que nos muestra claramente la estulticia del gobierno estatal, es la construcción de un supuesto Centro de Convenciones (que en realidad es un Lienzo Charro que costará a los contribuyentes la friolera de 170 millones de pesos), que además de representar un gasto mayor al adeudo original a la UAN, está plagado de irregularidades o ilegalidades constitutivas de delitos del gobernador Sandoval. También resulta ofensivo que los ciudadanos estemos subvencionando una afición particular a la charrería del gobernador y sus secuaces que además tienen suficiente dinero para sufragarla.

Realmente es vergonzoso que las autoridades y ciertos actores universitarios hayan sido complacientes con el desvío de los dineros que el pueblo le entrega al gobierno para la UAN. La actitud sumisa y cómplice deja mucho que desear de esos supuestos universitarios. Si de veras se sienten ofendidos por dicho desvío, deberían de hacer una protesta frente al “Colegio Inglés” donde posiblemente fueron a parar nuestros impuestos para la UAN. Habría también que proponer –dicho sea de paso- un Observatorio Ciudadano y Universitario para vigilar los usos que el Patronato hace los dineros que el pueblo pone en sus manos para los fines descritos anteriormente.

Yo por mi parte, independientemente de lo que resulte de esta lucha, me siento satisfecho de haber alzado la voz, dado la cara en defensa de la sociedad, y me alegra ver a tanta gente maravillosa, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales que honran con hechos su condición de ciudadanos libres. Independientemente de lo que resuelvan las instancias legales al respecto, este movimiento ciudadano que se ha hecho visible en la defensa de un espacio público bautizado acertadamente como “Parque de la Dignidad”, al mismo tiempo que han salido al paso a la pretensión de impunidad, es también y sobre todo, la defensa de la dignidad misma de una ciudadanía que se niega a actuar como súbditos de un poder despótico.