1995 ¡Sí señor presidente! 2023 ¡No señor presidente!

Desde luego que no se hicieron esperar las reacciones de los adversarios y detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora que se aplicó el decreto presidencial para ocupar temporalmente al menos tres tramos de la línea concesionada Ferrosur, del Grupo México que encabeza el empresario Germán Larrea. Todos los medios informativos y portales de internet señalaron esta acción gubernamental como una expropiación.

Así que, con base en la acepción de la Real Academia Española (RAE), esta señala: “Expropiar: dicho de la administración: Privar a una persona de la titularidad de un bien o un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes”. Así que, de acuerdo a esta acepción, en este caso no se está expropiando nada porque las vías férreas en el país pertenecen a la Nación Mexicana, así estén concesionadas a particulares, siguen perteneciendo al Estado Mexicano.

Tanto el Grupo México como los demás concesionarios de las empresas ferroviarias en el país, no construyeron ni un kilómetro de lo que les fue concesionado y se entiende que no por ser concesionarios son propietarios, por lo que en este caso no procede la palabra “expropiación”, ya que de acuerdo a lo estipulado en el decreto presidencial, el gobierno Federal se está haciendo cargo de unos tramos que le son necesarios por causa de utilidad pública, para el buen y mejor funcionamiento del tren interoceánico en el istmo de Tehuantepec, línea que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México, precisamente de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Y, al parecer, de no hacer esta declaración por parte del gobierno Federal, se tendría que pagar una cuota de paso a Ferrosur; pero, como el verdadero dueño de las líneas férreas es el Estado Mexicano, puede de manera legal concluir en forma anticipada esta concesión a particulares. Sin embargo, en este caso se ha dicho que será en forma temporal.

Pero, de todos modos, quienes ahora se sienten afectados por este decreto presidencial y hasta los que no, porque simple y sencillamente están en contra de las decisiones de AMLO no deberían irse con la finta tratando de denostar esta decisión, ya que en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y que está apegada al artículo 28 constitucional, señala en su artículo 8 que: “Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo de un título de concesión, pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente con independencia de las condiciones y plazo de la concesión”.

Se ha documentado al respecto de este affaire que el dueño del Grupo México, Germán Larrea hizo dos visitan a Palacio Nacional la semana pasada; la primera fue con un grupo de grandes empresarios del país y se dice que la segunda vez, ya fue en forma personal con AMLO, por lo que se intuye que posiblemente ahí trataron el tema; sin embargo, al parecer no se llegó a un acuerdo entre las partes; pero ya todo estaba decidido por parte del gobierno Federal y de ahí la intervención de las fuerzas armadas únicamente para resguardar los tramos reapropiados por la Nación.

Ahora bien, si alguien dice ahora que AMLO viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con este decreto, no es así, ya que, si hubo una violación a la Carta Magna, fue precisamente en las pasadas administraciones que permitieron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para poder concesionar los ferrocarriles y así entregarlos a la Iniciativa Privada (IP) tanto nacional como extranjera.

En 1937 el entonces presidente don Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó los ferrocarriles y, en 1960 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y, se ha documentado de una advertencia dicha y escrita por López Mateos de que se tuviera cuidado con malos mexicanos que con el tiempo volverían a entregar dicha industria a manos extranjeras.

Y en junio de 1987 el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado dio por concluidas por anticipado las concesiones que tenía la IP con los ferrocarriles con el dicho de que dichas concesiones se terminaban por ser considerador los ferrocarriles como un área estratégica para el país. ¿Y qué pasó? Pues algo similar con la nacionalización de la electricidad: con el tiempo malos mexicanos cedieron los ferrocarriles a manos extranjeras.

Sea pues. Vale.