Crónica de una exoneración anunciada

Pues sí, como se veía venir, el ex gobernador Ney González resultó más limpio que el río Mololoa. En vez de ser considerado un pájaro de cuentas resultó ser  toda una blanca paloma.

La sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (CJyDH) duró un poco más de una hora en determinar la improcedencia de la petición de juicio político contra Ney González realizada por el panista Leopoldo Domínguez. La sesión empezó a las un poco después de las 4 pm y al principio no nos permitieron entrar a un grupo de personas, la mayoría periodistas. Media hora después se nos permitió el acceso, justo cuando el diputado Ornelas del PRI estaba leyendo una especie de pre-dictamen que le llamaron “acuerdo de trámite” donde se descalificaban todas las acusaciones contra el ex gobernador Ney González por considerarlas “genéricas”, “ambiguas”, “sin sustento jurídico”. Según el mencionado documento que se pondría luego a consideración de los diputados presentes para su deliberación y posteriormente a  votación por los miembros de la Comisión, no había lugar para un juicio político contra el ex gobernador.

Se dijo que no había evidencias de violaciones graves a la Constitución de la República ni de Nayarit, ni de las demás leyes que de ellas emanan. Que no hay ningún dato concreto que señale en tiempo y lugar supuestas faltas que se le atribuyen. Negaron tozudamente que el endeudamiento haya sido irresponsable y que se haya hecho mal uso de los prestamos adquiridos. Dicen que en todo caso, el ex gobernador no actuó unilateralmente sino que fue avalado por otro poder democrático (sic), a saber la anterior legislatura. Que también hizo un uso legal y legítimo de sus facultades y atribuciones al respecto. Se le eximió también de las presuntas irregularidades y corruptelas cometidas por otros servidores públicos y que en dado caso, no hay nada que lo vincule a él con ellas. Se insistió en que jurídicamente había fallas que impedían en sí mismas darle trámite en sentido positivo a un eventual juicio político. En fin, que las acusaciones eran confusas y sin sustento, que no había un solo causal que pudiera tomarse en
cuenta porque no acreditaban sus señalamientos. En consecuencia de concluyó que la solicitud era infundada, que no había lugar para el juicio político, y que por tanto, se desechaba por “notoriamente improcedente”.

Enseguida el presidente de la Comisión, el diputado “independiente” Antonio Serrano abrió el registro de oradores. Como era de esperarse por antecedentes, sólo hubo dos registros de sendos diputados de oposición. Leopoldo Domínguez del PAN y Miguel Ángel Arce Montiel del PRD. Los del PRI hicieron mutis esperando la votación para mayoritear de acuerdo a la consigna que les dieron, cosa que finalmente ocurrió.

El diputado Polo Domínguez, quien sin ser miembro de esa Comisión hizo uso de la palabra porque es un derecho que les asiste a todos los diputados en estos casos aunque no puedan votar. Empezó diciendo que en realidad las acusaciones que esgrimió contra Ney González no era un asunto personal ni de ocurrencia, sino que procedían de los informes del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) los cuales abarcaban del 2006 al 2010. Que en dichos informes se señalan violaciones graves a las Constituciones de México y de Nayarit, a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos, que el excesivo endeudamiento ocasionó un quebranto mayúsculo a las finanzas públicas, que hubo dineros de esos préstamos cuya aplicación está en la opacidad, que se demostró el desvió del 12% del impuesto de la UAN mismo que no entregó al Patronato como consta en esa misma institución, que también hubo desvió de recursos de dineros procedentes de impuesto sobre la renta, de las aportaciones al ISSSTE, a las pensiones de los trabajadores del Estado, etc. Recordó que el mismo gobernador actual, Roberto Sandoval, se comprometió a atacar la corrupción sin miramientos y que ahora se hace el omiso, no obstante que ha admitido públicamente que hubo corrupción el sexenio anterior y ha señalado a Ney González como el culpable. Dijo que no le extrañaba el sentido del dictamen para exonerar a Ney González, pero que el pueblo ya lo había hecho su veredicto al respecto. Mencionó también el desvío de 1 200 millones de pesos de la Secretaría de Salud que se hizo en el último año de gobierno de Ney González. Exigió en suma que los miembros de la Comisión actuaran con responsabilidad, que no sólo se trataba de sentar un precedente histórico sino simple y llanamente de hacer justicia, como venía ocurriendo recientemente en otros estados del país. Tal vez se necesite un gobernador que sea de un partido contrario para que se pueda hacer justicia, sentenció.

El siguiente orador fue el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel, quien secundó y reforzó las tesis esgrimidas por el diputados panista. Insistió en que se trataba de un tema de elemental justicia y los exhortó a actuar sin consignas, con responsabilidad, demostrando que son auténticos representantes del pueblo. Dijo que le parecía inaudito el contenido del “acuerdo de trámite” porque al contrario de lo que en él se decía, existen numerosas pruebas de corrupción, de malversación de los dineros públicos, de no ser así entonces se preguntó, por qué el OSF habría hecho las observaciones que hizo. Señaló que el intento de eximir a Ney de su responsabilidad en el caso de las irregularidades de sus funcionarios es insostenible pues su responsabilidad es evidente. Arguyó que el excesivo endeudamiento no se reflejó en obras de la manera en que el discurso oficial lo dice y puso como ejemplo un empréstito de 100 millones de pesos para una carretera en Punta de Mita en Bahía de Banderas cuya obra nunca se realizó. ¿Dónde quedó ese dinero? Abundando sobre el mal uso de los dineros obtenidos mediante endeudamiento que refirió nos cuesta un millón de pesos diarios de intereses por el servicio de la deuda, señaló las consecuencias que vemos a diario en la insolvencia de los gobiernos municipales para pagar a los trabajadores, los problemas de las pensiones, etc., producto todo ello del quebranto financiero que heredó Ney González a los nayaritas. También destacó que en efecto, Roberto Sandoval ha reconocido en diversas ocasiones y foros dicho quebranto señalando a Ney González como el culpable. Si el gobernador ha dicho eso insistentemente eso es porque tiene elementos de juicio, si bien no ha dado a conocer las auditorias realizadas al respecto aunque se jacta de un segundo lugar en transparencia. En suma, rechaza el proyecto de dictamen porque no es cierto que esté plagado de ambigüedades y que ahora es cuando para hacer una verdadera rendiciónde cuentas. Si Ney es de veras inocente debería de enfrentar un juicio defendiéndose personalmente de las acusaciones en su contra.

Al no haber más oradores inscritos, el presidente de la CJyDH pidió que se votará el “acuerdo de trámite”, mismo que fue aprobado por 5 votos (los 4 diputados priistas y el “independiente”) y 2 en contra, éstos últimos del diputado perredista Miguel Ángel Arce Montiel y del panista Rafael Valenzuela. De este modo concluyó la parodia de democracia.