DESAPARECIDOS DEL EPR: 4 AÑOS SIN SOLUCIÓN
José Enrique González Ruiz

¿Qué vale la verdad, fría y desnuda, frente al atractivo resplandor de la mentira?

Anatole France.

Ni un solo indicio de voluntad política

El próximo 25 de mayo se cumplirán cuatro años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos desaparecidos en pleno centro de la ciudad de Oaxaca, en un operativo en el que habrían participado policías municipales y estales, así como integrantes del Ejército mexicano. Se trata de un hecho reciente, del actual gobierno federal y no de “cosas del pasado” como se quiso dar a entender cuando se creó la Fiscalía Especial en tiempos de Vicente Fox y cuando Fernando Gómez Mont acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defenderse en el caso Radilla.

Lo relevante es que, a pesar del tiempo transcurrido y, se supone, de la importancia que el gobierno da a este tipo de casos, no hay en el horizonte ni una brizna de aire fresco que haga pensar en que nos acercamos a la solución del caso. No hay hechos como los siguientes:

1.- La presentación con vida de los desaparecidos, o la información de su paradero, como lo sugirió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 7/2009.

2.- La detención de los responsables y su puesta a disposición de la autoridad judicial para que sean juzgados por este crimen de lesa humanidad. O

3.- La entrega a los familiares de los desaparecidos y a la opinión pública de los resultados de la indagación que comenzó hacia varios años la Procuraduría General de la República.

En lugar de eso, tenemos:

a)      Negativa del gobierno federal a aceptar que se trata de una desaparición forzada de persona. En esa postura tan lamentable se encuentra todavía.

b)      Administración del asunto para que el transcurso del tiempo haga su tarea, y diluya el interés de las partes en su aclaración.

c)      Intento de “resolverlo” mediante la petición de muestras de ADN a los familiares, para compararlas con quién sabe que restos humanos.

Así, la ausencia total de voluntad política es el rasgo característico de este problema. Las declaraciones que hacen los funcionarios no se traducen en hechos concretos que hagan pensar en su disposición de avanzar.

Posibles explicaciones a la nula voluntad política

Podría pensarse que el gobierno mexicano está muy preocupado porque está sentado en el banquillo internacional del acusado. Cada vez son más los casos que se formalizan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y va aumentando el número de sentencias condenatorias. El mundo se enteró de que, al igual que en Argentina y en Chile que sufrieron sanguinarias dictaduras, aquí se ha dado una Guerra Sucia de las autoridades contra su propio pueblo. Pero eso no parece perturbar el sueño de los gobernantes mexicanos.

¿A qué se deberá esa actitud? Veamos algunas hipótesis:

A.- El gobierno está interesado en resolver el asunto de las desapariciones forzadas, pero no ha podido. Caben varias posibilidades:

I.- No existen pruebas, porque los autores de la desaparición forzada las borraron.

II.- Su capacidad no llega a los niveles requeridos para resolver una desaparición forzada.

III.-Es imposible dar con la verdad.

B.- El gobierno federal no tiene interés en encontrar la solución. Las posibilidades son:

I.- El EPR no representa ningún riesgo para su poder, de modo que nos hay razón para preocuparse y ocuparse de sus desaparecidos. Por ello, la tregua que ha decretado no es cuestión que deba valorarse; está acotado y bajo control.

II.- Los perpetradores de la desaparición forzada son muy poderosos y más vale no meterse con ellos. Especialmente si hay militares involucrados.

III.- Abrir el tema de las desapariciones forzadas podría resultar riesgoso, porque el caso se multiplicaría por miles.

IV.- Entre cuarenta mil muertos por la “guerra contra el narcotráfico”, dos desaparecidos son asunto menor.

V.- El sistema no está preparado para admitir culpas de Estado, que implican responsabilidades en delitos particularmente graves. Mucho menos si hay elecciones presidenciales en el horizonte cercano.

 
Los escenarios viables

En escena hay varios actores. Los esenciales son los familiares de las víctimas, el gobierno federal y el EPR. Vienen luego la Comisión de Mediación (COMED), la CNDH y los organismos no gubernamentales de Derechos Humanos. En lo mediato juegan la prensa y la sociedad en general.  Tomando en cuenta lo que motiva a cada uno de ellos, vemos los siguientes escenarios a futuro:

1’ Presionado por las circunstancias nacionales e internacionales, el gobierno toma acciones firmes y aporta hechos que den constancia de su voluntad real de ocuparse en serio del problema. En ese caso, puede haber justicia (con el conocimiento de la verdad y el castigo de los culpables) y reparación a quienes sufrieron daño. O

2’ Llevado por sus intereses, el gobierno continúa en la actitud que ha tenido hasta ahora, caso en el que podría terminar la tregua. Los familiares tal vez acudirían a la justicia internacional y la COMED perdería razón de ser. O

3’ La sociedad civil exige solución a ésta y a las demás desapariciones forzadas y el gobierno es rebasado.

Conseguir justicia en estos casos es cuestión de lucha. Las y los mexicanos tenemos que conseguir que los criminales de lesa humanidad sean llevados a juicio.