Revocación de mandato, ¿solución de vanguardia?

El pasado domingo 10 de abril del presente año, sucedió algo no antes visto en la práctica gubernamental a nivel federal: el primer ejercicio de participación popular para activar el proceso de Revocación de Mandato, por ahora del Presidente de la República, a efecto de poner en la ‘balanza’ su eficacia, después de la reforma constitucional que el partido en el poder promovió en su momento, a iniciativa del propio Mandatario de la nación.

Para muchos, tal evento no funcionó, principalmente en virtud de que no se alcanzaron los números que el partido Morena y el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, fijaron inicialmente como meta para ser considerado un éxito, y en consecuencia se tuvo que modificar incluso con una evidente tendencia a la baja, a fin de cuando menos cubrir lo requerido por la ley, y declararlo ‘vinculante’. Los resultados, hoy son ampliamente conocidos.

Sin embargo, para otro importante porcentaje, sucedió lo contrario: un éxito, por el hecho de haber sentado las bases de algo diferente y nuevo: que el pueblo ejerciera en directo su derecho a decidir que “se fuera o quedara“ el Presidente. Lo que sí es un hecho, es que se trató en efecto, de algo distinto con significativo peso político y de ventaja operativa subyacente en términos de un renovado engranaje hegemónico. Y siguiendo esta línea, es de resaltar que en algunos estados se está poniendo sobre la mesa el hacerlo extensivo también para evaluar el mandato de la gobernanza local, tanto así que la Presidenta del Congreso de Nayarit, Alba Cristal Espinoza Peña, ya colocó el tema en la palestra, en vías de una posible incorporación como figura relevante en el compendio constitucional.

Son varias pues las entidades en las que los ciudadanos han empezado a pedir la destitución de funcionarios y hasta de gobernantes, que por diversas circunstancias -ya sea de origen propio, como la ausencia de oficio político y comunicación, vale decir, y otras ajenas alentadas desde el exterior-, han sido a su vez objeto de polémica y agrios señalamientos,  y para el caso en comento, bien valdría la pena efectuar un análisis de fondo que permitiera sopesar qué tanto podrá ser benéfico cristalizar la figura de la revocación para aplicarla ya en todo orden de gobierno, a efectos, antes que nada, y es lo más importante, de un avance democrático y mejora de la administración pública, y no llegue a desviarse de su razón de ser para convertirse finalmente en un instrumento punitivo y de control centralizado. 

Solo queda esperar que el Congreso del Estado, de darse la coyuntura, perciba en su papel una oportunidad histórica, al dar valía, acorde a los parámetros de la realidad vigente, a la opinión del pueblo y el producto final sea verdaderamente de Vanguardia. Veremos entonces.