DEL DISLATE DE FOX AL DE CALDERÓN
César Ricardo Luque Santana

 

Cuando a Vicente Fox lo cuestionó un reportero por su pasividad ante el problema suscitado en el cerro “El Chiquihuite” donde un grupo de pistoleros al servicio de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV  Azteca, desalojó por la fuerza (con lujo de violencia) al personal del Canal 40 para apropiarse de sus instalaciones, incurriendo en una forma ilegal de resolver un conflicto, el entonces presidente de México contestó contrariado con otra pregunta: “¿y yo por qué?”, lo que causó entre risas y desconcierto porque las señales de los medios de comunicación, no obstante su condición de consorcios privados de algunos de ellos, son concesiones del Estado y por ende tienen un carácter público, sin contar con que la violencia ejercida entre particulares es violatoria de la ley por aquello de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, amén de que el Estado es el depositario de la violencia legal.

De modo semejante actuó recientemente Felipe Calderón al sostener sin rubor que ante la creciente inseguridad pública e incontrolable violencia, había que reclamarles a los criminales y no al gobierno por esa grave situación porque según él, las autoridades lo están combatiendo para restaurar la seguridad, ofreciendo con ello  una visión maniquea de buenos y malos que no corresponde plenamente a la realidad. Por cierto, esta postura coincidió con la declaración que en el mismo sentido hiciera un día antes la jerarquía católica mexicana a través de su semanario “Desde la Fe”.

El disparate de Calderón como anteriormente el de Fox, obedecen a la misma mentalidad de quienes no se asumen en la práctica como presidentes de una nación sino como gerentes de  los grandes empresarios. Esta mentalidad y actitud es acorde con la tendencia del Estado neoliberal de claudicar de las obligaciones que le dan razón de ser desde su origen, de manera que no es casual que personajes como Fox y Calderón se asuman como administradores de una élite económica y no como gobernantes de un país. Su empecinamiento en favorecer a toda costa los negocios privados de unos cuantos capitalistas en detrimento del bienestar  de la mayoría de población, ha provocado un deterioro constante de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Este paulatino empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos y el envilecimiento de las relaciones sociales y políticas, se ha dado a través de una serie de  modificaciones legales orientadas a escamotear muchos derechos sociales, sin olvidar los recurrentes abusos de poder para despojar a la nación de sus empresas y sus riquezas naturales.

Esta política de depredación ha traído como consecuencia un deterioro del tejido social, generando con ello las condiciones propicias para el auge de las actividades criminales, sin que ello signifique que ser pobre equivalga a ser delincuente o proto-delincuente, como quieren hacer ver mañosamente ciertos “analistas” ladeados a los poderosos quienes esgrimen esta falacia para descalificar a quienes cuestionan al modelo neoliberal como el principal causante del caos social que se expresa en un Estado fallido. No obstante esta lectura tramposa, es evidente que la alta marginación social expresada en una deficiente escolaridad y una ausencia significativa de oportunidades de trabajos decorosamente remunerados y sobre todo relativamente estables para dar certidumbre a las familias para construir un patrimonio elemental, contribuye de manera negativa a generar un entorno favorable a las actividades delictivas. Desde luego que hay muchos otros factores que también inciden en esta problemática por lo que resulta obvio que su solución no se reduce a medidas meramente punitivas.

La mencionada postura de Felipe Calderón lo deja además ver muy mal como licenciado en derecho, pues por ser esa su formación profesional, debería entender que la obligación de garantizar la paz social y la tranquilidad pública le corresponde al Estado y por consecuencia el reclamo ciudadano está bien dirigido. En este tenor, había comentado en mi entrega anterior, que el reclamo de la sociedad a sus autoridades por su ineficiencia es legítimo por dos sencillas razones: la primera porque en efecto el contrato social es con el Estado y no con los criminales, pues es a esta entidad la que los contribuyentes pagan sus impuestos; y segundo, porque no hay una línea divisoria nítida entre buenos (presuntamente el gobierno) y malos (los sicarios), pues hay pruebas sobradas del contubernio entre ambos. Por eso también se insinúa que dicha ineptitud del Estado no es natural sino deliberada, pues la impunidad, que es el aliciente del crimen, no se explica sino por la existencia de la corrupción oficial.

Cabría también agregar que Felipe Calderón abrió la caja de pandora más como un intento de legitimarse luego del fraude electoral, que como un propósito sano de proteger al país del flagelo de la delincuencia, particularmente de la que emana de la industria del narcotráfico que es la más lacerante para la sociedad. Asimismo, cabe interpretar que su maniqueísmo pretende ocultar a la otra delincuencia, la de cuello blanco, tanto de altos empresarios como de prominentes miembros de la clase política, pues en el caso de los primeros, no sólo se han beneficiado fraudulentamente del dinero público, sino que han sido y son en gran medida artífices del caos estamos padeciendo por su insaciable voracidad, cuyo beneficios se deben sin duda precisamente al desmantelamiento del Estado llevado a cabo fanáticamente por la derecha neoliberal  panista y priista, dejando al mismo tiempo a los ciudadanos en una situación de precariedad e indefensión. En cuanto a los segundos, es conocido el enriquecimiento ilícito de muchos de ellos al amparo del poder. De este modo, este maridaje entre gobernantes y otros “representantes populares” con los grandes empresarios, ha llevado inexorablemente a un conflicto de intereses que no sólo ha hundido al país en una grave crisis social, sino que también ha adulterado a la democracia.

Asimismo, cabe sospechar que ambos son también  cómplices de los narcotraficantes cuya derrama económica anual según investigadores del Colegio de la Frontera Norte, frisa en los 30 mil millones de dólares anuales, mismos que en gran medida se insertan luego en la economía legal a través desde luego de importantes banqueros, prominentes empresarios y con la complacencia del Estado que se supone tiene las herramientas para detectar el lavado de dinero en grandes cantidades.

La errónea estrategia de Calderón contra el crimen organizado ha sido reiterada hasta la saciedad por muchos analistas y políticos críticos a su gobierno. En esencia, no se le reprocha que combata a la delincuencia en todas sus modalidades y niveles, sino que no lo haga con eficacia  ni en todos los casos, además de que se empecine en sostener una sóla vía que es el uso de la fuerza. Sin embargo, hay que entender que una verdadera rectificación implica abandonar el dogma neoliberal rectificando el papel del Estado, sin que ello signifique volver al paternalismo de corte corporativo altamente ineficiente y corrupto que caracterizó a los gobiernos priistas, sino que es necesario construir un Estado solidario que pueda resarcir las condiciones de vida de la gente sin menoscabo de las libertades civiles sino incluso potenciándolas. Esta tarea de recuperar la tranquilidad social y la confianza del pueblo en sus instituciones le corresponde a la izquierda para lo cual es necesario que ésta sea congruente en la práctica con sus principios, pues de otro modo no podrá constituirse como una alternativa deseable  y válida para el pueblo.