Autonomías muy cuestionables en el Servicio Público

En los días previos a la matanza del 02 de octubre de 1968 (no se olvida), cuando el ejército invadió las instalaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM), tanto los mismos universitarios como diversos sectores de la sociedad, así como algunos intelectuales de aquella época, clamaban de que la irrupción a dichas instalaciones había sido una clara invasión y violación a la autonomía de la UNAM. Sin embargo, hubo otras voces diciendo que no era tal, que sí un claro y flagrante allanamiento a las instalaciones; pero en sí, no a su autonomía.

Y se explicaba en aquel entonces que, la autonomía en sí, era para la libertad de cátedra, sin ninguna imposición de cuadros políticos ni gubernamentales; aunque eso sí, reconociendo que eso no debió haber sucedido porque se le faltó el respeto a la máxima casa de estudios del país, un allanamiento fuera de toda ley por el autoritarismo mostrado por parte de las autoridades gubernamentales, y en lo que se estuvo de acuerdo por esos diversos sectores de la sociedad y la intelectualidad fue que, jamás se volviera a repetir una transgresión de ese tipo.

Hubo quien dijo que, la autonomía de la UNAM no se podía comparar como la autonomía del Estado Vaticano que está dentro de la ciudad de Roma, pues ese sí es un estado autónomo que se maneja con recursos propios y por lo mismo, puede estar cercado y reservarse el derecho de admisión sin permitir que el ejército italiano lo invada, a menos que se le quiera dar un golpe de Estado, algo improbable desde luego.

Hoy en día también se le ha dado autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR) y también al Instituto Nacional Electoral y otras más; sin embargo, todas estas instituciones habidas y por haber en nuestro país, así se digan autónomas, mientras reciban recursos públicos pueden y deben ser fiscalizadas tanto por autoridades, así como por la ciudadanía que pida conocer en qué y cómo se gastan las contribuciones de la población.

Pero ahora, debido a esa autonomía que se le dio al INE, su consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello está súper inflado, crecido y creído de sí mismo, tanto así que, se siente ya por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo; del Judicial no tanto al parecer, pues como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también ganan por encima del salario del Presidente de la República, se dan la mano con los de INE, para cubrirse ante sí esta flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, pues en el servicio público ningún funcionario puede ganar más que el presidente del país en turno.

De ahí que le permitan a Lorenzo Córdoba sentirse la divina envuelta en huevo, dejándolo ser juez y parte en las elecciones; claro que para eso está: organizar y llevar a cabo las elecciones; pero el problema es que se ha documentado que no nada más Lorenzo Córdoba ha estado siendo muy cuestionado en sus funciones, así como algunos de sus consejeros, sino también anteriores presidentes consejeros del INE y antes Instituto Federal Electoral (IFE), con los posibles fraudes electorales, algunos de ellos ya comprobados y hasta reconocidos por los autores intelectuales de haberlos cometido.

Lorenzo Córdoba se siente con libertad de tumbar candidaturas que no son de su gusto o que tal vez alguien le ordena tumbarlas por no convenir a ciertos intereses y, es tal su nefasta actuación al frente del INE que, ya es tiempo de que se le ponga un alto y se le lea la cartilla de que también es en sí, un servidor público y que, mientras su salario dependa del erario, en ninguna forma está por encima de ningún Poder de la Federación y mucho menos de los ciudadanos a los que, ha ofendido no reconociendo candidaturas y triunfos electorales.

Queda claro que se le dio tanta fuerza al antes IFE y hoy INE por parte de los gobiernos neoliberales del pasado, que se intuye que esa fuerza otorgada fue para que bailaran sus presidentes consejeros al son que les tocaran desde la mano que mece la cuna, porque no se explica de otra forma el actuar de los presidentes consejeros que, por más aclaraciones que se les hagan ver, no ceden posiblemente por ya tener una consigna.

Así que mientras Córdoba Vianello reciba dinero público, no habrá autonomía tal que impida ser fiscalizado en todo momento y, si se niega, es casi seguro que habría infinidad de mexicanos dispuestos a trabajar honestamente en el INE hasta por la tercera parte del salario que percibe Lorenzo Córdoba.

Sea pues. Vale.