Pleito por la chequera del CONACYT y por servir al capitalismo

Dos temas traen de cabeza al CONACYT: uno es quién maneja la chequera y el otro, quién sirve a los intereses del capitalismo mexicano. 

En primer lugar, cabe definir que México transita en su desarrollo por la vía capitalista. Las políticas públicas del actual gobierno de la república no se han separado ni un milímetro del capitalismo. El slogan gubernamental del anti-neoliberalismo no implica al anti-capitalismo ni mucho menos al socialismo. 

Recordemos que el neoliberalismo es, en primer término, un movimiento político que surge en la década de los años 70 del siglo pasado en contra de la propiedad colectiva principalmente bajo la forma de propiedad del Estado, bien fuera esta de la URSS o de los Estados-Benefactores tipo keynesianos. Para la época de los años 70 la economía del bloque soviético había perdido dinamismo e iba en franco declive. Declive que culmina con el colapso de la URSS en la década de los 90 del siglo pasado. 

Se desata la avaricia por las empresas estatales y paraestatales, la cual lleva a la exigencia de su enajenación en favor de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Esto se conoció como la privatización de las empresas de los Estados. En México se privatizaron las empresas estatales y paraestatales del Estado de la Revolución Mexicana. Y el anti-neoliberalismo mexicano es volver a una nueva imagen del capitalismo al estilo de la Revolución Mexicana. Para tal fin, el CONACYT debe de reformularse y de reorientar sus políticas.

Se dice que en la legislación del CONACYT está estipulada la presencia del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico que determinará las políticas y manejo de los recursos del CONACYT, el cual sufre una especie de privatización con la creación de una asociación civil que lleva el mismo nombre: “Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC” la cual debe de estar financiada por el propio CONACYT y además, ser autónoma en la decisión de las políticas investigativas. 

Integrantes del grupo de 31 científicos a quienes la fiscalía general de la República, FGR, inició una causa penal, y en especial, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous, señalaron que están dispuestas a que se les investigue. Las investigadoras, catedráticas de la UNAM y la UAM, respectivamente, rechazaron haber incurrido en hechos de corrupción durante su paso por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC, en el que se desempeñaron como coordinadoras.

Al final dijeron que la orden de aprehensión solicitada ante un juez del penal de máxima seguridad del Altiplano por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, “que les parece desmesurado y hasta fantasioso, porque en el foro los únicos recursos que se manejaban eran públicos, de dónde le viene lo ilegal”, resaltó Dutrénit Bielous. 

Explicaron que el Foro comenzó a operar en 2002, por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada ese mismo año, como un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo. Por esa misma ley, se obligó al CONACYT a proporcionar a ese foro el presupuesto necesario para su funcionamiento, lo que operó hasta mediados de 2019, cuando la titular del CONACYT decidió no aportar más recursos, lo que motivó un litigio por el manejo del dinero que llegó hasta la Suprema Corte. En fin.