Unen esfuerzos para evitar violencia contra la mujer

Ante los acontecimientos de violencia suscitados en Nayarit en los últimos días en contra de mujeres, integrantes del Congreso del Estado, representantes del Poder Ejecutivo, magistradas y magistrados del Poder Judicial, la titular del INMUNAY y el encargado de la Fiscalía General se reunieron de manera urgente y prioritaria para unir esfuerzos y consolidar la lucha frontal contra la violencia de Género.

Se tomaron acuerdos para que cada institución, dentro del ámbito de su competencia, realice las acciones e inicie los mecanismos pertinentes para atender de manera unificada este delicado tema.

Se estableció la necesidad de informar de manera objetiva y oportuna a la sociedad sobre estos acontecimientos, protegiendo en todo momento la privacidad de las víctimas y sus familiares, así como el debido proceso.

La reunión se enfocó en concentrar todos los esfuerzos para brindar la mayor protección a las mujeres, no sólo ante estas situaciones, sino en encontrar una solución integral en todos los ámbitos en los que las mujeres son víctimas, mediante la operación eficiente de la unidad de protección a mujeres en el área de la Fiscalía General, la correcta aplicación del protocolo para atender este tipo de sucesos, con una perspectiva de género, y una debida capacitación de las áreas de investigación de este tipo de delitos.

Además, se acordó la implementación de tareas inmediatas para que cada institución enfoque sus esfuerzos en hacer eficaz los derechos con los que cuentan las mujeres y la sociedad para garantizar la mayor protección tanto física como mental. Es indispensable que la sociedad pueda transitar en la vida cotidiana sin temor a ser lesionada.

Todo acto de violencia contra la mujer será atendido con la importancia que amerita,  ninguna mujer debe temer salir a la calle, por lo que las instituciones se han comprometido a realizar el mayor de los esfuerzos para afrontar esta situación de manera eficaz y oportuna.

De esta manera el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, se comprometen a consolidar estrategias de seguridad bajo una premisa fundamental, que es “la máxima protección y garantías a las mujeres habitantes del Estado”.