Tepic, Nayarit, viernes 05 de junio de 2020

La deuda con el Poder Judicial

Ulises Rodríguez

31 de agosto de 2015

A finales del siglo XIX, la instauración del senado de la república en nuestro país y su consolidación, coincidió con la llegada al poder del general Porfirio Díaz. Díaz convirtió al senado en una agencia de colocaciones, donde imponía a amigos, compadres, familiares o personajes adictos a él, que no tenían mayor mérito ni merecimiento que la lealtad hacia el oaxaqueño. Así pues, el poder legislativo –tanto la cámara de diputados como la de senadores-, los gobiernos estatales, municipales y el judicial, se convirtieron en extensiones mismas del poder ejecutivo a cargo de don Porfirio Díaz.

Parecería que hablamos de una historia pasada, pero no es así. En los hechos, ahora en nuestros días, la separación de poderes sigue siendo “un mito genial” –parafraseando al Doctor Pedro Aspe, secretario de hacienda salinista que así se refirió a cerca de la pobreza-. Las magistraturas del poder judicial se determinan en base a simples lealtades políticas, sin analizar perfiles ni tomar en cuenta mucho menos la carrera judicial. En diciembre de 2009, sin previo aviso ni mayor escándalo, el congreso de Nayarit aprobó la iniciativa enviada por el entonces gobernador Ney González, donde se modificaba el número de magistrados del poder judicial, aumentándolo de 7 a 17. Casi de manera conjunta, con la iniciativa, el gobernador envió también las 10 ternas –con su favorito en cada una de ellas bien subrayado- de las cuales saldrían los 10 nuevos funcionarios judiciales. Se presentaron pues, en enero de 2010, personajes como Pedro Álvarez Hormaeche, cómplice de Ney en el manejo del FIBBA (Fideicomiso de Bahía de Banderas), Manuel Salinas Solís, ex secretario general del congreso del estado, Pedro Enríquez Soto, el operador de aquella reforma y su mayor beneficiario, Rafael Román González Momita, quien se encargó de velar por los intereses de su entrañable amigo el gobernador en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Rafael Pérez Cárdenas, notario y ex secretario general de gobierno durante el gobierno del padre de Ney González; José Miguel Madero Estrada, destacado constitucionalista de nuestro estado, que sin embargo siempre ha sido defensor de oficio del sistema y que incluso fue diputado del PRI y sub secretario general de gobierno en los años en que gobernaba Nayarit Rigoberto Ochoa Zaragoza; Llegó también Ismael González Parra, vinculado familiarmente con Liberato Montenegro Villa y otros 3 personajes que tuvieron la suerte de encontrarse en el ánimo del gobernador y que desde entonces, poco o nada han abonado a la impartición de justicia en nuestro estado.

Si asumimos que un magistrado gana poco más de 100 mil pesos mensuales y que el total de magistrados es de 17, estamos hablando de que mensualmente, en puro pago de nómina a magistrados, se eroga 1 millón 700 mil pesos (sin contar con los gastos médicos especiales, el pago de empleados personales y los bonos de vehículos, que se otorgan de manera discrecional). Ney González convirtió al Tribunal Superior de Justicia en una enorme y costosa agencia de colocación de amigos en la que el gobernador en turno podrá imponer a sus esbirros, en detrimento de la autonomía de poderes y de la correcta impartición de justicia. ¿Ha beneficiado en algo a la justicia nayarita aquella reforma de 2009? ¡No! El trabajo de los magistrados y en particular, de su presidente se resumiría a hablar de los honores a la bandera que se llevan a cabo cada primer lunes de cada mes, el ver uniformados a los empleados… todo de forma, nada de fondo.

La práctica porfirista de comprar y premiar lealtades sigue vigente. El mejor ejemplo lo vimos el pasado jueves 27, con la designación de los 3 nuevos magistrados del poder judicial. El Lic. Javier Rivera Casillas, secretario general del congreso y operador legislativo –a falta de capacidad de la bancada priísta en la XXXI legislatura- del gobernador y del PRI; Zaira Rivera Véliz, amiga personal de la esposa del gobernador y de éste, se le pagó con la magistratura –aunque carezca del perfil para impartir justicia- el hecho de no haberla postulado como candidata a la alcaldía de Xalisco o diputada por el 4to distrito en el pasado proceso electoral de 2014 y finalmente, José Alfredo Becerra Anzaldo, cercano al fiscal Edgar Veytia y recomendado por éste para ocupar el alto cargo de magistrado.

Los tres, si perfil, sin carrera judicial y sin prestigio. En sus discursos frente a la comisión de puntos constitucionales, los tres se deshicieron en agradecimientos al gobernador Roberto Sandoval, más que presentar una exposición digna… aunque tampoco la habría entendido el diputado Santana, posiblemente el más ignorante de cuantos integran la presente bancada priísta.

“No se le pueden pedir peral al olmo”, reza el refrán. No se le podía pedir a Roberto Sandoval altura de miras o una posición de estadista más que de vulgar político. No se equivocan los ensayos de Daniel Cosío Villegas cuando habla de que el gobierno está íntimamente ligado a la forma de ser de quien lo ejerce y que para entender y poder predecir el rumbo de un gobierno, es necesario primero analizar la historia del gobernante. ¿Estará lejos el día en que gobiernen a Nayarit hombres –o una mujer- que de verdad piense en el estado antes que en él mismo?

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