Marco Vinicio Jaime
22 de agosto de 2015
El Congreso local, ha sumado una nueva responsabilidad que es prioridad en la
agenda nacional, y por su propio carácter, neurálgica en la imperiosa necesidad de
garantizar un óptimo manejo de los recursos publicos a partir del desempeño
gubernamental: dar cauce -desde sus respectivas facultades- a la nueva Ley de
Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, remitida
recientemente por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión para su
aprobación.
Acorde a sus objetivos propugnados, la nueva ley deberá ser indefectiblemente tema
de análisis de fondo por cada legislador, a fin de asegurar un voto debidamente
razonado y en su efecto dar plena justificación de su postura ante la ciudadanía
durante el proceso correspondiente.
La XXXI Legislatura presidida por el congresista priísta, Jorge Segura, cuenta así con
la oportunidad de debatir y ampliar la información tocante de la importancia de la ley
y sus consecuentes alcances en lo que la gente ha vuelto gran demanda colectiva:
regular la operatividad presupuestal de los diferentes órdenes de gobierno y limitar
en lo sucesivo la siempre presente tentación de "disponer de las rentas sin
responsabilidad alguna [tras] gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa",
según lo criticara en su momento a modo de mal ejemplo a no seguir, el reconocido
"benemérito de las américas" Benito Juárez García.
Por tanto, la pluralidad ideológica que debe permear al interior de la cámara, puede
abrir un espacio imprescindible para el establecimiento de un estratégico contraste
entre lo efectuado, a modo de reconocimiento fidedigno de la realidad presupuestal
en función de lo erogado y los resultados, como de lo que ha hecho falta y en qué
beneficiará en concreto a Nayarit tomando en cuenta sus particulares circunstancias.
Lo anterior cobra peso en razón de lo que el Gobierno Federal mismo sostiene:
"El fortalecimiento institucional en favor de unas finanzas públicas sanas es un trabajo
que se ha realizado con los tres órdenes de gobierno. El objetivo es lograr una
gestión más eficiente de los recursos públicos y una correcta rendición de cuentas en
el ámbito local.
Esta iniciativa busca que las entidades federativas hagan suyos los principios de
responsabilidad financiera y hacendaria a través de cinco componentes.
1.- Reglas y estándares de Disciplina Financiera
2.- Nuevas obligaciones para contratación responsable de deuda
3.- Creación de un Registro Público Único para transparentar obligaciones financieras
4.- Se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública para Estados y Municipios
5.- Estados y Municipios podrán obtener créditos con aval de la Federación".
De conformidad, es pues el Poder Legislativo a través de las herramientas ex
profesas que se desprenden de su Plan de Desarrollo Institucional que puede
fortalecer la participación popular: ponderar el ánimo e involucrar la opinión de la
ciudadanía en un tema que indiscutiblemente le atañe: el usufructo de sus haberes
tributarios. ¿Habrá tiempo y circunstancias, pero sobre todo, voluntad para refrendar
la esencia del Poder Legislativo: la representación popular en pro, ahora, de la
disciplina financiera tan necesaria? Veremos.