Tepic, Nayarit, viernes 29 de marzo de 2024

Ineficaz acción presidencial

Francisco Cruz Angulo

05 de Febrero de 2015

El Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el pasado martes el nombramiento del nuevo Secretario de la Función Pública en la persona del prestigiado académico y ex consejero del entonces IFE, Virgilio Andrade Martínez.

A la vez el Ejecutivo Federal le encomendó al nuevo titular que una de sus primeras tareas sería investigar a profundidad si hubo conflicto  o no de interés en la compra-venta de la casa blanca ubicada en Las Lomas de Chapultepec adquirido por su esposa Angélica Rivera y de otra lujosa mansión en el Fracc. Ixtapan de la Sal comprada por el presidente a una empresa constructora del Estado de México misma que ha obtenido numerosos contratos millonarios en obra pública cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México y hoy como Presidente de la República.

De igual manera de que se investigue la compra-venta de otra millonaria mansión que hizo el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray a otra empresa constructora a pocos meses de tomar posesión de su cargo.

Expresó el mandatario federal que una vez concluida esa investigación sus resultados sean supervisados por un grupo de peritos en la materia ajenos al Gobierno Federal a efecto que corrobore la objetividad de la investigación.

Luego el Ejecutivo Federal conminó a su subalterno, Virgilio Andrade a que elabore un Código de ética pública cuyo propósito es que todos los servidores públicos de los tres órganos de gobierno cumplan con los requisitos legales en  la licitación de los contratos de obra pública.

En este mismo día el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray durante una entrevista en el programa “El Asalto a la razón” conducido por el director de “Milenio” Carlos Marín al referirse al conflicto de interés en el que está involucrado subrayó en la necesidad de que se legisle en la materia cuando se debata y apruebe la comisión nacional anticorrupción de manera que aquel servidor público que incurra en ese ilícito sea sancionado penalmente. Además estuvo de acuerdo que sea obligatorio que todo funcionario público antes de tomar el cargo haga pública su declaración patrimonial y otra de si no hay conflicto de interés con su cargo público…

“ATOLE CON EL DEDO”

El anuncio presidencial es un gesto de buena voluntad pero que no atiende el clamor popular.

Lo que exige la ciudadanía y la sociedad organizada es la creación de una fiscalía anticorrupción autónoma dotada con suficientes y eficaces facultades para investigar y luego llevar a los tribunales de justicia a quienes incurran en actos de corrupción derivados de conflicto de interés.

Fue notorio que el presidente Peña Nieto para nada aludió a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción misma que él alentó y exhortó a todas las bancadas del Congreso de la Unión a sacar adelante ese órgano autónomo.

En vez de reiterar su compromiso con esta iniciativa ya consensuada con organizaciones civiles y con los partidos de oposición optó por una salida de emergencia  que será poco creíble a la mayoría de los mexicanos esto es, revivir la Secretaría de la Función Pública que aunque su titular goce de un gran prestigio personal por el solo hecho de su dependencia del Poder Ejecutivo, es decir, a quien lo investigará, nadie creerá en su imparcialidad, menos en los códigos de ética pública puesto que el combate a la corrupción y a la impunidad ya la falta de rendición de cuentas no se logrará por medio de un acto de conciencia moral sino en la observación y aplicación de la ley, es decir que se castigue penalmente a los responsables de cometer tales trapacerías bajo la sombra del poder público.

En esta línea va el Secretario de Hacienda; solo que habría de agregar a su propuesta otra más: la obligatoriedad de hacer pública su declaración de impuestos.

El Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez lo está haciendo junto con su gabinete. Aquellos servidores públicos que argumentan que no lo hacen, primero porque no lo exige la actual ley y, segundo porque ponen en riesgo la seguridad de ellos y de su familia; las acciones de transparencia  y rendición de cuentas del Gobierno morelense refuta esos argumentos. Lo que falta es voluntad y sensibilidad política para hacerlo. Como suele decir Roberto Sandoval, “para lo limpio, ni jabón se ocupa”. El Gobierno de Nayarit debe ser otro ejemplo de pulcritud en el manejo de los recursos públicos…

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