Juicio político para los expresidentes

Apenas estamos saliendo del asombro de que los legisladores del Congreso de la Unión no se dignaron consultar a ningún académico sobre la reforma educativa y de que en su lugar “oyeron” a un grupo de empresarios enemigos de la “educación pública”, cuando con un inigualable “cinismo” ciertos diputados federales piden “juicio político” para el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por haber vendido a unos extranjeros la empresa estatal “ferrocarriles nacionales” y haberles concesionado la mitad del territorio nacional.

El vicecoordinador del PRI Manuel Añorve, Ricardo Monreal del Movimiento Ciudadano, Jaime Bonilla del PT y Roberto López Suárez del PRD coincidieron en señalar que la participación del ex presidente como administrador de una de las empresas ferroviarias extranjeras que tienen en concesión la mitad del territorio nacional constituye un acto inmoral frente a la historia. Piden su castigo porque defendió el interés privado por encima de los bienes nacionales cuando su responsabilidad se fundamentaba constitucionalmente en proteger los recursos del pueblo de México. Y anunciaron que promoverán ante el Ministerio Público Federal el inicio de una investigación esclarecedora sobre la violación de la Constitución por parte de Ernesto Zedillo cuando se desempeñaba como presidente de México al pactar con la empresa ser socio y administrador de una compañía.

Es evidente que Ernesto Zedillo Ponce de León en su periodo gubernamental encubrió a una empresa transnacional y no defendió los intereses de la nación. Pero no es el único que ha hecho eso a nivel presidencial. Recordemos a Miguel de la Madrid Hurtado en su periodo presidencial 1982-1988. Su gobierno cobijó al grupo de tecnócratas neoliberales  que se formaron en las universidades estadounidenses y que a la postre se apropio de la presidencia de la República. Su gobierno se caracterizó por ser el sepulturero del Estado Mexicano producto y expresión de la Revolución Mexicana. Con el gobierno de Miguel de la Madrid se inicia la liquidación de la “economía mixta” para dar paso al inicio del neoliberalismo económico. Se inicia el desmantelamiento del Estado de Bienestar para dar paso al Estado Neoliberal de la miseria material y espiritual. Se inicia el desmantelamiento de la empresa de los mexicanos, PEMEX, para dar paso a la empresa de los corruptos y de los extranjeros. En  su gobierno inicia el empobrecimiento de los asalariados, el despojo de los ejidatarios y comuneros, la quiebra de las pequeñas y micro empresas, el arribo del gran capital extranjero y la entrega del país a los Estados Unidos de América. Con Miguel de la Madrid Hurtado inician sus carreras políticas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y en torno de ellos, los tecnócratas que desmantelaron al Estado Mexicano. Y para cerrar con broche de oro, impide de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sea presidente de México, porque evidentemente que el candidato democrático representaba la restauración del Estado en destrucción. Dan un triunfo a Salinas con la complicidad de “supuestas” fuerzas progresistas que hoy se hacen llamar de “izquierda”, en perjuicio de la mayoría de los votantes mexicanos  que habían dado su voto al hijo del “Tata” Lázaro. Y precisamente por eso en el 2006 no le reconocieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y en su lugar se lo dieron a Felipe Calderón Hinojosa. Efectivamente AMLO representaba un peligro para el Estado Neoliberal porque su planteamiento era la restitución del antiguo Estado Mexicano, la restitución del modelo de la “economía mixta”. Como puede pasar desapercibido el gobierno de Miguel de la Madrid cuando en septiembre de 1985 fue ineficiente e ineficaz ante la emergencia del terremoto  que devastó buena parte de la ciudad de México, cuando la sociedad lo rebasó y en lugar de la solidaridad requerida mostro corrupción, torpeza y burocratismo. No es posible olvidar el disimulo de la flagrante violación a la Soberanía Mexicana con el secuestro y traslado clandestino del territorio mexicano a territorio norteamericano de mexicanos considerados sospechosos de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en febrero de 1985.

Los diputados actuales del PRI no tienen memoria histórica. Son cínicos además de incongruentes. Pero más lo son los del PRD que junto con el PAN acaban de privatizar PEMEX y acaban de aprobar una ley fiscal nociva para los trabajadores y pequeños empresarios mexicanos. Hay que pedir juicio político para los expresidentes de México y también para los legisladores que aprobaron la reforma energética sin olvidarnos del presente.