Tepic, Nayarit, viernes 05 de junio de 2020

Porque es importante defender la Loma

Joel Salas Suárez

21 de enero de 2014

Con la llegada del siglo XXI se consolidaron nuevas formas de coordinación y organización entre sociedad y Estado que han sido bien descritas por los teóricos del modelo de gobernanza. Para Luis F. Aguilar la gobernanza es “el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia –fundamentales y coyunturales- y las formas para coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y capacidad de dirección.” *

En este proceso, el Estado ya no detenta el monopolio de las mejores respuestas a todos los problemas públicos. El Estado debe establecer soluciones basadas en relaciones de coordinación que van más allá de las formas tradicionales de mando y control. Esto representa un giro sustantivo en la organización tradicional de la relación entre Estado y sociedad. Implica construir relaciones basadas más en la asociación que en el dominio.

Las nuevas formas de gobernanza demandan dejar atrás los gobiernos verticales y jerárquicos. Demandan gobiernos preparados para desplegar capacidades de colaboración y articulación de la participación social horizontal en la solución de los problemas públicos.

Menciono el modelo de gobernanza porque en Nayarit, en los últimos meses, se vive un proceso mediante el cual desde la sociedad se busca redefinir los “objetivos de convivencia” –en este momento coyunturales- y “las formas para coordinarse para realizarlos”. Una parte de la sociedad exige ser considerada e influir en el proceso de toma de decisiones. Contribuir mediante su participación en la solución de los problemas públicos.

Sin embargo, hasta el momento, las respuestas del gobierno para incorporar esta participación a los cauces institucionales, han sido insuficientes, ineficientes o erráticas. Lejos de abrirle la puerta a la participación ciudadana, el gobierno se ha cerrado. Se ha volcado sobre sí mismo y ha optado por implementar una serie de estrategias represivas, echando mano a todos los recursos que tiene a su alcance.

Al hablar de estrategias represivas, lo hago en un sentido amplio para señalar los medios legales y extralegales utilizados por el gobierno, para elevar el costo a la movilización ciudadana. De reducirle los recursos disponibles en favor de su causa. Esta acepción de las estrategias represivas va más allá del ámbito exclusivo al uso de la violencia física.

Se refiere a que el gobierno niega o desdeña la trascendencia de las demandas que emergen de los ciudadanos. Que el gobierno apuesta por la desmovilización más que por la construcción de relaciones de colaboración con la ciudadanía. Por la exclusión de sus demandas, más que por su incorporación al proceso de toma de decisiones.

Observo tres episodios recientes en los cuales se revela con nitidez la exigencia ciudadana por redefinir los objetivos de convivencia y la forma de coordinarse para realizarlos. Tres episodios que develan el reclamo ciudadano de apertura al gobierno para incorporar sus propuestas en la solución de los problemas públicos. Los señalo a título indicativo.

Primero, la movilización de resistencia a la remodelación del parque de la Loma en Tepic en febrero del año pasado. Segundo, la movilización de resistencia en verano a la venta del predio del ex estadio de béisbol y la creación simbólica del parque de la dignidad en esta misma ciudad. Tercero, la manifestación el día de ayer contra la construcción de la presa tres cruces y a favor de preservar libre el rio San Pedro.

Si bien cada uno de estos episodios tiene características específicas (orígenes, actores, demandas, etc.) veo en ellos un común denominador: un rotundo rechazo a la forma unilateral como el gobierno toma sus decisiones. Una oposición real a la forma vertical, jerárquica y centralizada como el gobierno anhela “resolver” los problemas públicos.

Ante la cerrazón del gobierno (“de la Gente)” al dialogo, ante su negativa de proveer información para valorar cómo y por qué toma cierto tipo de decisiones, no debe sorprender que en las próximas semanas diversos grupos ciudadanos utilicen estrategias confrontacionistas para buscar incidir en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Estas acciones pueden ir desde un incremento en las marchas y manifestaciones públicas, en la ejecución de acciones de desobediencia civil, de huelgas “ilegales”, hasta acciones disruptivas como la ocupación de edificios públicos, bloqueo de lugares públicos, o clausuras ciudadanas de obras.

Por los antecedentes, por la falta de sociabilización o inexistencia de un proyecto, por la forma como se iniciaron los trabajos de remodelación y por no cumplir con la palabra empeñada, como ciudadano nayarita considero ineludible defender la Loma. Al hacerlo, seguiremos impulsando la exigencia ciudadana de convivir bajo nuevas formas de gobernanza en el estado.

* Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y Gestión Pública, México, FCE, 2006.

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