Aquella reforma…

Transcurrida ya más de la mitad del gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, a nadie en Nayarit puede quedarnos duda de la existencia de una mafia bien articulada que opera, desde el propio gobierno estatal y tiene como principal objetivo el despojo y la extorsión para enriquecer a unos cuantos. 

Esta mafia, como también se ha señalado en reiteradas ocasiones, tiene como rostros más visibles a Diana López Zurita, Gabriel Camarena y Javier Mercado. Sin embargo, han contado ellos con la complicidad de toda una red de funcionarios impuestos por ellos mismos en áreas estratégicas de la administración pública, invadiendo incluso la división de poderes -inexistente en Nayarit- y extendiendo sus ramificaciones hasta los poderes legislativo y judicial. 

Les cuento una historia. En marzo de este año conocí de uno de los muchos despojos en los que estuvo involucrado Gabriel Camarena Morales, asesor jurídico del gobernador Navarro Quintero. Comencé a investigar la historia porque me llamó la atención el hecho de que un tipo como Camarena, tan astuto como bandido, hubiera tenido un descuido en su modus operandi: registró a nombre de un familiar cercano, fácilmente rastreable, la propiedad que arrebató por medio de la extorsión a una conocida familia de empresarios locales, misma que consta de varias hectáreas frente al mar, en Bahía de Banderas. Rastreando esta historia surgieron otras, también de víctimas de Camarena y de Javier Mercado, en una, como ya lo denuncié en algún video comentario, las víctimas grabaron no sólo en audio sino en video la conversación que tuvieron con dicho personaje. Estoy seguro de que él sabe bien a qué me refiero, me da la impresión de que es como esos criminales que por más que delincan nunca olvidan a sus víctimas, más por morbo que por la persecución de una conciencia que, en su caso, no debe existir.

Inicié entonces el trámite para rastrear la propiedad. Presenté en abril la documentación requerida en la oficina del Registro Público de la Propiedad en Las Varas, para conocer el nombre del nuevo dueño del predio en cuestión, obteniendo de esa dependencia apenas evasivas y objeciones para entregar la información requerida. Fue el lunes 22 de abril cuando entregué en la oficialía de partes de esa dependencia un oficio en el que dejaba asentado que la información solicitada era de interés periodístico. Debo confesar, en este punto, que lo más que esperaba era una nueva objeción o alguna otra traba burocrática. 

Al día siguiente, en la mañana del 23 de abril, llegó al congreso una iniciativa de ley firmada por el gobernador Navarro Quintero y trabajada en la oficina de Gabriel Camarena durante la tarde del mismo lunes, según lo pude confirmar con una de mis fuentes. Este Proyecto de Decreto tenía como objeto reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad para, como bien dijo la entonces legisladora Elsa Díaz, quitarle lo “público” al Registro y darle la condición de “Privado”. La reforma obligaba a acreditar un interés jurídico sobre alguna propiedad para solicitar información de esta, lo que atenta claramente contra el principio de acceso a la información. Ese era, justamente el propósito del proyecto de reforma. La misma, como seguramente usted se ha de imaginar, amable lector, fue aprobada por la mayoría de MORENA y aliados en la XXXIII Legislatura a la semana siguiente, el 2 de mayo y entró en vigor al día siguiente. Fue un proceso legislativo exprés, como todos aquellos donde hay intereses económicos involucrados por parte de los integrantes de la mafia del poder. 

Naturalmente, se truncó esa investigación y otras más. Ya no me fue posible saber a nombre de quién había puesto Gabriel Camarena esa propiedad que robó a esa familia, tampoco las propiedades que ha adquirido en Tepic, desde que era directora de SEPEN la actual dirigente de MORENA, Elizabeth López Blanco ni las que ha adquirido el propio gobernador Navarro Quintero. Ya no fue posible rastrear tampoco las casas que han adquirido los Galván Ponce y otros funcionarios, estatales y municipales. Todas ellas, desde luego, sin que puedan corresponder con los ingresos obtenidos durante el tiempo en que han sido funcionarios. Aunque la ley sufrió una reforma más en junio ante la posibilidad de declarar inconstitucional la reforma previamente aprobada, se mantuvo el propósito de hacerla opaca y evitar que cualquier ciudadano, como usted o como yo, tuviéramos acceso a la información que pudiera ayudarnos a saber, como consuelo de tontos, ¿cuánto han robado nuestros políticos? 

La reforma elaborada por Camarena y su equipo y firmada por el gobernador Navarro Quintero, presentada al congreso apenas un día después de la solicitud que hice en Las Varas para conocer los datos registrales de la propiedad despojada por este funcionario tal vez evitó que los nayaritas conociéramos esos datos de interés, sin embargo, el sospechosismo y la forma en la que actuaron nos grita a la cara que hay muchas cosas que desean esconder. Si yo fuera el gobernador Navarro, desde ahora mismo le quitaba una H a su gobierno, porque de Honesto, ha demostrado no tener nada. 

ESCENA POSTCRÉDITOS: Hace días, un buen amigo me compartió, vía whatsapp, una nota del periodista Óscar Verdín a propósito del proceso legal que se le sigue a la exdiputada Alba Cristal Espinoza. Con mi amigo he compartido muchas consideraciones sobre la investigación de lo ocurrido en el congreso, una historia que me ha tomado casi diez meses y en la que he realizado numerosas entrevistas y recabado, a través de transparencia, muchos documentos que me dan una idea clara de lo que ha ocurrido allí. Me decía mi amigo -con razón- que debía apurarme a publicar mis conclusiones y ya dar por terminada esa historia. La justicia, orientada siempre por la política y los intereses de la clase gobernante en Nayarit, suele ser parcial, pero los ciudadanos, entre mejor estemos enterados, menos objeto seremos de manipulaciones ¿la diputada fue responsable? Considero que sí. Lo supo y en ningún momento lo denunció porque prefirió obedecer órdenes superiores ¿lo hizo ella sola? Desde luego que no. Sentados en el banquillo de los acusados, al lado de la exlegisladora, deberían estar el gobernador, el exoficial mayor del congreso, el secretario técnico de éste y al menos tres o cuatro funcionarios menores más. También debería estar alguien cuyo nombre se ha omitido, pero es un gran articulador en esta historia: el padre de los hijos de la exlegisladora, quien tiene -según me dicen muchos de los entrevistados- una profunda ascendencia emocional sobre ella, aprovechándose de esta condición para obtener beneficios económicos aún a espaldas de Espinoza Peña. Su nombre no ha aparecido, pienso, porque se trata de un sobrino del fiscal Petronilo Díaz Ponce. Lo más conveniente para todos parece ser echar a los perros a quien fue la primera mujer en presidir el congreso en Nayarit con el ánimo de salvarse el resto. Esa es, al menos, mi percepción. Usted, amable lector, me dirá la suya después de leer la historia completa que publicaré en breve. Con la publicación de esta, yo cerraré también esa investigación que tanto me ha consumido por el aprecio que tengo a algunos de los involucrados, quienes fueron compañeros míos en el congreso y de quienes me ha pesado saber su participación en uno de los latrocinios más descarados en la historia del estado.